La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger procesó a la actual diputada y ex secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri, Aída Ayala (Chaco), acusada de presunto fraude a la administración pública, y le trabó un embargo de un millón de pesos.
También fueron procesados sus colaboradores Matías Balmaceda Paiva, Miguel Angel Vilte y el empresario Claudio Tolosa, quienes también fueron embargados por el mismo monto.
Ayala está acusada de haber beneficiado a municipios encabezados por dirigentes cercanos a ella durante su gestión como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior en 2016, bajo la gestión de Macri.
Especificamente, se le imputa haber pagado supuestos sobreprecios en la contratación de una empresa por parte del municipio chaqueño de Quitilipi.
El fiscal Patricio Sabadini sostuvo que la actual diputada "desde su cargo como secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, habría direccionado al Municipio de Quitilipi a la contratación directa como proveedor del empresario Claudio Tolosa pagando sobreprecios de las herramientas e insumos adquiridos para la gestión municipal".
Según señaló el mismo medio, Balmaceda Paiva y Vilte se habrían presentado ante el intendente de Quitilipi, Carlos Casalboni, como miembros de la Fundación Construir, una organización que impulsó la campaña de la exintendenta de Resistencia en 2015, para gestionar la contratación de la empresa Service Hogar, propiedad de Tolosa.
"(Tolosa) estaba señalado por la Sra. Aída Ayala como único destinatario de las transferencias de dinero que se gestionaban mediante la Secretaría de Asuntos Municipales y por lo cual todos los convenios se realizaban con Service Hogar, lo que no podía ser cuestionado por el intendente de Quitilipi, ya que las operaciones se efectuaban con la condición de que las compras se realicen a Tolosa", añadió el fiscal.
