En esta etapa del trabajo de peritaje que viene haciendo el organismo, el material probatorio consolida las investigaciones y procesamientos encarados por el juez, confirmando el funcionamiento de una red de espionaje ilegal utilizada para cometer delitos.
El informe aporta nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y advierte que en el esquema operativo delictual se involucraban actores de la justicia provincial y federal e incluso periodistas.
A comienzos de este año el juez Alejo Ramos Padilla envió un requerimiento a la CPM para que examinara parte de la documentación probatoria secuestrada en la causa D’Alessio, a los efectos de establecer si era posible advertir acciones vinculadas al espionaje ilegal. En función de este pedido, esta mañana la CPM entregó en el juzgado federal de Dolores un nuevo informe con los resultados del análisis y el peritaje realizado hasta el momento.
Participaron de la delegación que hizo entrega del documento Adolfo Pérez Esquivel, presidente, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y Roberto Cipriano García, integrantes de la CPM, Sandra Raggio, directora general, y los directores Rodrigo Pomares y Federico Schmeigel.
En términos generales este informe confirma la existencia de una red de espionaje ilegal. Los documentos permiten observar con claridad cómo funcionaba lo que se denomina “el ciclo de inteligencia”, un complejo proceso mediante el cual se recolectaba información, se la procesaba y analizaba para finalmente ponerla en circulación y hacerla pública. Todo esto sucedía bajo una planificación estratégica y un patrón de comportamiento común que tenía varios objetivos.
Mediante la utilización de la información obtenida del espionaje ilegal, esta red desplegaba una serie de acciones que iban de la extorsión directa mediante el pedido de coimas o sobornos hasta el condicionamiento de testigos para sumar, a través de testimonios bajo la figura del imputado colaborador o arrepentido, información falsa en determinadas causas judiciales.
En este marco, el informe de la CPM confirma la participación de Marcelo D’Alessio en estas tareas de inteligencia, reconoce el hallazgo de nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y advierte que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas.
Uno de los puntos novedosos de este informe constata que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por D´Alessio junto a otros ex agentes tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación. A esto agrega además la existencia de un dispositivo recurrente de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje.
Finalmente, la CPM pone de manifiesto en su informe la gravedad institucional que revisten los hechos que se instruyen en la causa D’Alessio. De este modo, destaca que “las vulneraciones a la legislación nacional en materia de inteligencia y el uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, advierten sobre la potencial violación de garantías constitucionales y de pactos y convenciones internacionales de Derechos Humanos”.
Por todo esto, el organismo considera indispensable que de manera urgente se revise el funcionamiento y control del Sistema de Inteligencia Nacional.
La expertise de la CPM en materia de análisis y peritaje de documentos vinculados con acciones de espionaje ilegal se remonta al año 2001, cuando recibió mediante ley provincial 12642 el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, para su guarda, preservación y gestión. Desde entonces, un profundo y extendido trabajo en torno a este y otros acervos documentales le ha valido a la CPM múltiples y diversos reconocimientos nacionales e internacionales.
Fundamentalmente ha sido la justicia argentina en diferentes jurisdicciones la que ha convalidado el trabajo de la CPM en esta materia, reconociendo cada unos de los informes presentados como material probatorio medular en los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Organismos internacionales como la UNESCO también han reconocido al organismo en su capacidad y profesionalismo para la preservación y gestión de este tipo de documentos. Recientemente la CPM ha celebrado un convenio de trabajo conjunto con el National Security Archive, organismo con sede en Washington que tiene a su cargo el trabajo de desclasificación de documentos reservados de la CIA, el FBI, y la DEA.
En el marco de esta profusa trayectoria se inscribe el actual trabajo que la CPM realiza en respuesta al requerimiento del juez federal Alejo Ramos Padilla. La expertise del organismo resulta clave no solamente para un análisis singular de los documentos que obran en la causa, sino para establecer modos de relación y articulación entre ellos de manera tal que sea posible identificar lógicas y modos de funcionamiento que expliquen cómo se producen y que alcance tienen las acciones de inteligencia y espionaje ilegal.