Según trascendió de la investigación contra el grupo Vicentin, aparecen algunos fondos de inversión que, entre 2018 y 2019, le prestaron varios millones de dólares a la cerealera y ahora están en la fila de cobradores, junto con los bancos trasnacionales y los estatales.
Lo primero que aseguran los abogados defensores de la empresa es que no hay ninguna relación entre la colosal deuda que acumuló la empresa y en volumen de facturación que reportó, el cual fue siempre creciente en los últimos años y alcanzó el récord de más U$S 4.000 millones en 2019.
En ese sentido, lo que se investiga es si no hubo movimientos ocultos a las dos relacionadas con la empresa y radicadas en paraísos fiscales, una de ellas asentada en Panamá y otra en las Islas Vírgenes Británicas.
Del informe de investigación que realizaron los abogados surge que hay "incongruencias respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentin", es decir, que la empresa pudo haber simulado una falsa quiebra para no hacerse cargo de la deuda que tiene con los acreedores.
También señalaron que la falta de justificación en el flujo financiero entre las firmas de Vicentin en Paraguay, Uruguay, Argentina y Panamá hacen despertar un "estado de sospecha" respecto a un "esquema de ocultamiento de activos", perpetrado desde hace por lo menos dos años.
Además, si bien una de las firmas radicadas en Panamá no está a nombre de nadie de la familia Vicentín -ni Nardelli o Padoán-, la misma fue abierta por dos abogados panameños que ya fueron investigados por participar en procesos de lavado de activos en la Argentina, Asterio Caballero Ibarra y Oriel Francisco Kennion.
