Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores en la crisis política de Ecuador, ratificaron el acuerdo negociado por el gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas “deja sin efecto el decreto 883” y da pie a otro nuevo que mantendrá una “política de subsidios”.

Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que ejercen de mediadores en la crisis política de Ecuador, ratificaron hoy que el acuerdo negociado por el gobierno de Lenín Moreno y los movimientos indígenas “deja sin efecto el decreto 883” y da pie a otro nuevo que mantendrá una “política de subsidios”.

A esa calma inicial que permite avizorar el entendimiento se contrapuso en las últimas horas la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, a quien el Ejecutivo considera una de las instigadoras de las manifestaciones.

La ONU y los obispos encabezaron la llamada “mesa técnica” en la que estuvieron nueve representantes por parte de los indígenas y seis por parte del Gobierno y del que surgió el acuerdo para dar marcha atrás al conocido como “paquetazo”, que contemplaba la controvertida eliminación de los subsidios al combustible y derivó en once días de protestas.

En virtud de ese pacto, “se deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión”, explicó la oficina de la ONU en un comunicado difundido esta madrugada.

Además, añadió que “se procederá de manera inmediata a trabajar en la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios, con un enfoque integral”.

Ese programa deberá tener en cuenta que las ayudas “no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos y a los contrabandistas”, lo que implica introducir “criterios de racionalización, focalización y sectoralización”, reportó la agencia DPA.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, celebró la “solución para la paz” alcanzada en las últimas reuniones, en virtud de la cual “el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”.

“¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”, escribió Moreno en la red Twitter, en una ratificación de la responsabilidad que le endilga a su antecesor y ex socio político, Rafael Correa.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, que insistió en todo momento en la necesidad de derogar -y no modificar- el decreto dio por terminadas las movilizaciones pero volvió a pedir la renuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Las protestas dejaron al menos 7 muertos, 1.340 heridos y más de 1.100 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo.

La Justicia acusa de terrorismo a 33 personas, de las cuales 27 estarían vinculadas con el asalto a la sede central de la Contraloría, que sufrió graves daños tras un incendio.

La calma con la que amanecieron Quito y otras ciudades del alrededor contrastó con la denuncia de que la prefecta Pabón -ex funcionaria de Moreno- fue detenida esta madrugada y su domicilio allanado.

Para el Gobierno, la prefecta sería una de las instigadoras de las movilizaciones que terminaron en saqueos y actos de violencia y vandalismo.

“Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma”, escribió en Twitter la funcionaria.

El diario El Comercio, en tanto, da cuenta en su edición de hoy de cómo quedó la ciudad de Quito tras las protestas y la represión, con escenas de pavimento levantado, ventanas rotas, semáforos y postes caídos, contenedores dañados y llantas quemadas que obstruyen calles.