En el marco del tratamiento de la ley que afecta directamente el futuro de la educación superior pública en el Congreso, AgenHoy radio conversó con el abogado penalista, Paolo Zaniratto. "Al presupuesto nacional le representa el 0,14% del producto bruto interno", ratificó el abogado.
"Esta nueva ley de financiamiento de la educación superior argentina, vetada por el ejecutivo nacional y que hoy veremos si se ratifica en el Congreso, la ley básicamente lo que establece algo esencial para el funcionamiento de las universitarios que tiene que ver con una actualización presupuestaria. A partir de diciembre del año pasado con todo el proceso inflacionario, las universidades necesitan una actualización de los recursos económicos para seguir funcionando y una actualización de los salarios de los docentes y no docentes, por lo tanto, la ley simplemente pone blanco sobre negro en esta cuestión en el marco de una inflación interanual del 211%", explicó el abogado.
Y continuó: "Lo que establecía la ley era una actualización en forma bimestral de acuerdo al IPC y un aumento de las partidas porque el ejecutivo al recaudar el presupuesto del 2023 hay un desactualización con los nuevos costos de funcionamiento. Al presupuesto nacional le representa el 0,14% del producto bruto interno. Por lo tanto podemos analizar si lo que hace al ejecutivo a una decisión política o si es una ilegalidad".
"Por un lado tenemos nuestra ley nacional que rige todo el funcionamiento de la educación superior en argentina donde establece la obligación del Estado de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades. En el caso de las nacionales, el Estado nacional tiene esa obligación. Esto se establece en la ley de educación superior y se tiene que cumplir. Las universidades son un ente de derecho público, autárticas", dijo el profesional.
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