La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló el miércoles 13 de mayo una decisión del Jurado de Enjuiciamiento que destituyó al ex juez Luis Federico Arias, y lo obligó de este modo a que admita y tramita el Recurso Extraordinario planteado por el enjuiciado.
Si bien la decisión judicial de la Corte no implica la restitución de Arias a su cargo como juez Contencioso Administrativo Nº 1, sí constituye un avance al respecto porque suspende la destitución –aunque mantiene la suspensión– y deja abierta la vía recursiva para que otro tribunal revoque su cuestionada separación.
“Al Recurso Extraordinario lo interpuse contra la sentencia, y si bien lo decide la Suprema Corte, es el Jurado de Enjuiciamiento el que lo admite y tramita; como lo denegó, fui en queja a la Corte, que a su vez le dice al Jurado que se expida nuevamente, admitiéndolo, porque no puede haber ninguna decisión sin revisión judicial”, explicó Arias.
Tras esta admisión, será la Suprema Corte la que decida si se anula o no la destitución, aunque vale destacar que con la suspensión de la destitución, queda suspendida también la inhabilitación que pesaba sobre Arias para ocupar cargos judiciales.
La denuncia que culminó con la destitución de Arias fue impulsada por el cuestionado Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, y el Jurado de Enjuiciamiento estuvo integrado por Julio Pettigiani (por entonces presidente de la Suprema Corte), Jorge D’Onofrio (diputado del Frente Renovador), Walter Carusso (diputado de Cambiemos) y Roberto Costa (senador de Cambiemos); los abogados Fabián Ramón González (representante del Colegio de Morón), Diego Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Enrique Pisani (San Isidro), Ambrosio Luis Bottarini (Pergamino) y José Alberto Apaz (San Martín), mientras que los legisladores Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (Frente Renovador), votaron en sentido contrario a la destitución.
Cabe recordar que el exjuez Arias tuvo una destacada labor en la protección de los derechos de usuarios de servicios públicos, suspendiendo el primer “tarifazo” impuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal, y denunciando en sus sentencias el ilegítimo accionar de la gobernadora.
También anuló –entre otras medidas que irritaron al Gobierno de Cambiemos– varias decisiones de Vidal contra los docentes y trabajadores estatales, al tiempo que suspendió el DNU de Mauricio Macri que modificó la Ley de Comunicación Audiovisual.
