El gobierno de la ciudad de Campana liderado por el intendente macrista, Sebastián Abella, logró la aprobación de una ordenanza que permite rezonificar 500 hectáreas que dejarán de ser una zona rural para permitir la instalación irrestricta de un parque industrial, una maniobra que la oposición tildó de “fenomenal negocio inmobiliario”.
Vecinos, trabajadores de Parque Nacionales y decenas de agrupaciones se agruparon para denunciar que no se hicieron los estudios de impacto ambiental y para alertar que la iniciativa puede perjudicar a un barrio entero por inundaciones. Concejales oficialistas desmienten las críticas, se abren a discutir las regalías que quedará al municipio por la recategorización y sostienen que hoy no hay ninguna empresa interesada en la zona.
Las tierras en disputa se encuentran en el Tajiber y pertenecen a la Compañía General de Fósforos Sudamericana S.A, firma de capitales españoles que achicó su personal en octubre pasado. El bosque es lindero al parque Nacional Ciervo de los Pantanos que se vería afectado por la contaminación según las organizaciones ambientalistas y al barrio Otamendi que podría sufrir inundaciones en caso que haya cambios en los niveles del suelo.
Si bien aún no hay proyectos claros acerca de la utilización de las tierras, los vecinos tiene temor de que se instale una planta de almacenamiento y trasvase de combustibles. Junto al predio se ubica la planta Petromining S.A que en el pasado manifestó sus intenciones de invertir en el terreno.
“Este es un negocio inmobiliario del gobierno de Campana. Para conseguir la aprobación en la última sesión del Concejo Deliberante lo que primero hicieron fue cambiar el reglamento para conseguir evitar la audiencia pública que exige este tipo de modificación. Lo segundo fue permitir la rezonificación”, explicó Soledad Calle, concejala del Frente de Todos en Campana. El Reglamento del Honorable Concejo Deliberante de Campana establece en su artículo 139 la obligatoriedad de realizar una audiencia pública previa al tratamiento de proyectos que pudieran modificar el Código de Planeamiento Urbano.
El presidente del Bloque de Cambiemos en Campana, Carlos Cazador, responde que eliminaron del reglamento el capítulo de Audiencias Públicas porque “era inviable y contradictorio«. Y alega que hicieron “una reunión del Concejo Ambiental que reúne a representantes del ejecutivo, legisladores y miembros de universidades». El concejal además sostiene que cambiaron «la ordenanza original para ampliar de 300 a 500 la zona de amortiguación, crear caminos para evitar el tránsito pesado en el centro y resguardar el sitio Túmulo de Campana que contiene restos arqueológicos y que fue pedido por organismos de derechos humanos”.
La aprobación demoró años: primero la entonces gobernadora Vidal entregó la aprobación de la rezonificación por parte del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y del Ente del Agua. Luego fue el turno del Concejo Deliberante que consiguió la aprobación por el voto de Cambiemos que tiene mayoría simple luego de las elecciones de octubre.
Los ambientalistas denuncian que no se hicieron estudios de impacto ambiental necesarios para conocer los daños que podría causar la instalación de industrias, ni tampoco una valuación inmobiliaria que sería necesaria para establecer las regalías que debería pagar la compañía de fósforos a la ciudad de Campana por la rezonificación de la tierra. “Las regalías es algo que debería ser revisado porque no está claro el monto”, reconoce Cazador, quien afirma que el estudio de impacto ambiental debe ser realizado por cada empresa que se instale en la zona y que el gobierno provincial deberá aceptar cada pedido.
“Esta área no sólo colabora para que se mantenga la integridad ecológica del Parque, sino que contribuye a mitigar el pesado impacto ambiental que ha supuesto el desarrollo industrial de Campana y a sostener los valiosos servicios ecosistémicos que sus humedales proveen, como mitigación de inundaciones y el cambio climático, el almacenamiento de agua, la provisión de alimentos y medios de vida, dar cobijo a variada fauna y flora”, sostuvieron los ambientalistas.
Además de vulnerar el reglamento del Concejo Deliberante, los ambientalistas acusan que la aprobación no cuenta con el estudio ambiental pertinente, incumple con la regresión ambiental que establece la ley de Ambiente y viola la ordenanza 6660/2017 de la Municipalidad, que establece como no urbanizable el área territorial correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del Río Luján y Paraná de las Palmas.
