En pleno debate por la ley que pretende bajar jubilaciones de privilegio, se conoció que hay jueces federales que cobran entre 400 y 700 mil pesos, mientras, la jubilación mínima no alcanza los 20 mil pesos.
La liquidación de un magistrado da cuenta que su haber parte de $37.860 por su sueldo básico y se va incrementando exponencialmente gracias a la bonificación por antigüedad de servicio ($147.790), suplemento de remuneración acordada 71/93 ($57.403) y compensación jerárquica ($45.963), entre otras categorías que terminan alcanzando un saldo de $397.752.
En tanto, otros documentos reflejan haberes reales de fiscales de $291.323 y de $230.714 para el caso de algunos diplomáticos. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron que hay casos de jubilaciones de privilegio que superan los $700.000.
A diferencia del resto, los aportes de este grupo de trabajadores no derivan en el régimen de reparto solidario con el que se pagan todas las jubilaciones, sino que gozan de un régimen propio para poder recibir un mayor porcentaje de sus altísimos sueldos.
El problema es que el sistema no se autofinancia, sino que le genera al Estado un déficit anual de $12.600 millones. Parece que hay gasto público que no molesta a algunos sectores
