En diálogo con la 97.7, el referente político aseguró que "el Gobierno quiere bajar el costo laboral, no le interesan los derechos de los trabajadores sino maximizar la rentabilidad de las empresas", al hacer referencia al proyecto de ley para reformar el Código Penal que "perjudicará a los empleados" ya que "no hay una sola ley del Gobierno actual que se pueda jactar en favor de los trabajadores".
Recalde argumentó que dentro de las principales problemáticas presentadas a partir de una reforma del Código, se verán afectadas "no sólo las huelgas sino también otras medidas legítimas de acción sindical". Es por ello que el funcionario expresó que "las modalidades de lucha que tienen los sindicatos con los trabajadores, pueden variar y consistir en un paro o varios paros a la vez y rotativos, el abandono del lugar de trabajo, entre otras. Hay mucha medidas de acción legítima de acción sindical, no solo la huelga en su condición restrictiva".
"En vez de castigar al 'rompe huelgas', castigan a aquellos que están haciendo valer democráticamente lo que resolvió la mayoría en asamblea", agregó.
El abogado especialista en derecho laboral, también señaló que no sólo "no hay argumentos válidos para que tengan que quitarle derechos a los trabajadores" sino que la reforma sería "una concepción 'neoliberal' porque busca restringir los derechos de los trabajadores y limitar las acciones defensivas que puedan tener los mismos a través del artículo 14 bis de la Constitución Nacional respecto a la huelga".
Por otro lado, el profesional se refirió al trabajo en negro en el país: "Creció y está situado en el 34.2%. El proyecto de ley que está en este momento en Senado, establece que si un empleador tiene trabajadores en negro, tiene 365 días para blanquearlo ¿Por qué le vamos a seguir dando 365 días para explotarlo? Hay que ponerse en los zapatos de quien está trabajando en un empleo que no está registrado, que no saben si lo van a despedir, si se va a quedar sin obra social o no tiene la misma, que lo hace por estado de necesidad".
"El Gobierno nos está planteando impunidad porque explotar a alguien por estado de necesidad, es indigno", concluyó Héctor Recalde.
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