La investigación por los aportes truchos a la campaña de Cambiemos en 2017 viene con renovado ímpetu. El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello ordenó las primeras medidas de prueba para investigar los 467 casos de personas que reciben planes sociales y figuran en la lista de aportantes y como afiliados al PRO, sin haber destinado dinero, ni haber prestado consentimiento para estas acciones.
Los principales dirigentes de Cambiemos que están en la mira -a partir de la investigación periodística de Juan Amorín- son Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.
Di Lello solicitó a la Cámara Nacional Electoral información sobre los domicilios y las afiliaciones partidarias -si existen- de los primeros 205 aportantes falsos denunciados en la investigación. Y a la ANSES, si son beneficiarias de planes sociales. Ambas con carácter de urgente.
Además, el fiscal le solicitó a Gendarmería Nacional constatar si los domicilios son reales y cuáles son las condiciones socioeconómicas y de la vida de esas personas. Para ello, tomó a 50 casos al azar, determinando los primeros y los últimos 25 por orden alfabético y no a las 205 personas.
Cabe destacar que el fiscal decidió iniciar una causa preliminar a partir de la investigación publicada por El Destape, lo que incluyó la declaración testimonial de Amorín, quien hoy confirmó que los aportes falsos ascienden a 470 casos por $1.160.000. En paralelo, en Comodoro Py se tramita otra causa penal, en este caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, originada por la Organización No Gubernamental La Alameda.
