El uso de las pistolas Taser y la intención de bajar la edad de imputabilidad fueron los recientes anuncios del Ejecutivo Nacional para combatir la inseguridad que inquietaron a Amnistía Internacional (AI), organismo que exhibió su “alerta” por la aparición de políticas “en detrimento de los derechos humanos”.

El organismo manifestó “profunda preocupación por políticas de seguridad que comprometieron la responsabilidad del Estado argentino”. “El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, señaló en un comunicado de prensa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la compra de 300 pistolas Taser. “Las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona”, remarcaron desde AI.

En cuanto a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, recordaron que “desde hace años la Argentina ha sido interpelada por organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”.