Una treintena de intendentes peronistas desembarcaron en la Legislatura bonaerense para manifestar su rechazo a la decisión del Gobierno de María Eugenia Vidal de transferir la tarifa social y el subsidio al transporte a las arcas municipales.La postura fue marcada durante una reunión con legisladores de Unidad Ciudadana y PJ – Unidad y Renovación. “Este es un Presupuesto que no va a beneficiar a los bonaerenses. La Provincia está transfiriendo a los bonaerenses todos los gastos que no puede cubrir, con un endeudamiento muy grande, producto de intereses de la deuda.  Tiene que cubrir por 56 mil millones que hay que pagar el año que viene, mientras tanto la salud, la educación y la seguridad se ven disminuidos”, señaló la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
En este sentido, reveló que las dos mayores preocupaciones de los intendentes son la  transferencia de la tarifa social y el subsidio al transporte. “Los municipios no van a poder pagar eso. Estarían dejando a la gente sin tarifa social a los vecinos”, señaló Magario.
En cuanto al transporte, la matancera aseguró que la quita del subsidio “hace imposible para muchos mantener el transporte, sobre todo en el interior, donde están hablando de sacar directamente el servicio”.  Quienes se hicieron presente en la Legislatura son Juan Zabaleta (Hurligham); Juan Ustarroz (Mercedes); Gustavo Menedez (Merlo); Osvaldo Caffaro (Zárate); Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco); Martin Insaurralde (Lomas de Zamora); Andres Watson (Florencio Varela); Mariano Cascallares (Almirante Brown); Fernando Gray (Esteban Echeverría); y Hernan Yzurieta (Punta Indio).
Además, estuvieron Mario Secco (Ensenada); Jorge Ferraresi (Avellaneda); Gustavo Arrieta (Cañuelas); Pablo Zurro (Pehuajó); Juan De Jesus (La Costa); Héctor Olivera (Tordillo); Francisco Etcharren (Castelli); Gustavo Barrera (Villa Gesell); Hugo Corvatta (Saavedra); Roberto Álvarez (Tres Lomas); Alejandro Acerbo (Daireaux); Alfredo Fisher (Laprida); Marcelo Santillán (Gonzáles Cháves); Hernan Ralinqueo (25 de Mayo); y Jose Luis Horna (Roque Pérez)
En tanto, si bien no pudieron estar presentes, los intendentes de Salto y Guaminí enviaron a representantes de sus gobiernos.
Los jefes comunales no quieren saber nada con absorber los subsidios a la tarifa social de energía eléctrica y la especial para asentamientos. Se trata de una masa de recursos de más de $8.000 millones, con fuerte incidencia en las arcas municipales.
Con el proyecto enviado, la Provincia transfiere, además, subsidios al transporte automotor de las líneas internas ($2.450 millones) y los subsidios por la disposición de residuos en la planta de la Ceamse ($2.534 millones), que tienen impacto en el área Metropolitana.
VIDAL NO QUIERE AFLOJAR
Mientras tanto, la gobernadora María Eugenia Vidal ratificó la decisión de que los municipios bonaerenses se hagan cargo de la tarifa social de las líneas municipales de transporte y consideró que “es un esfuerzo compartido. La Nación se hace cargo de las líneas de transporte que van y vienen de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros nos hacemos cargo de las líneas provinciales y los municipios se hacen cargo de las líneas municipales, que en definitiva es lo que siempre debió haber sucedido”.
Según explicó Vidal, “la gran mayoría de los municipios tiene superávit” y “excesos de recursos a fin de año, a diferencia de la Provincia, que tiene que salir a buscar deuda para financiar su déficit”. Lo cierto es que, además de la tarifa social del transporte, los municipios deberán hacerse cargo de los subsidios a las eléctricas y al Ceamse.
Sin embargo, los propios intendentes de Cambiemos  cuestionaron la decisión oficial y afirmaron que no tienen recursos para costear la municipalización de los subsidios. En conversación con Diagonales, el radical Esteban Reino afirmó: “Es muy difícil, presupuestariamente no tenemos manera de resolverlo”. En la misma línea, los jefes comunales peronistas se reunirán hoy con legisladores en el Senado bonaerense para manifestar el rechazo colectivo a la medida.
Sobre la decisión de no realizar ninguna obra pública “nueva” en el próximo año, la Gobernadora explicó que “la posibilidad de obras nuevas va a estar mucho más ligada a que podamos el año que viene ponernos de acuerdo con el gobierno nacional para actualizar el Fondo del Conurbano”.
Es que la Provincia se encuentra en una intensa cruzada con el gobierno de Mauricio Macri por la actualización por inflación del Fondo del Conurbano. Es muy posible que a principios de diciembre, Buenos Aires reciba por medio de un decreto presidencial un “plus” del Fondo del Conurbano que permitirá alivianar el ajuste durante el año electoral.