Por Araceli Bellotta

La endeudamiento internacional generado por el actual gobierno en nada más que tres años y medio, alcanza a los 187.706 millones de dólares, es decir un 40,9% más respecto al 2015, según un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET. Ahora, en 2019, habrá que pagar 32.235 millones y se hará con los aportes del Fondo Monetario Internacional, lo que significa más deuda aún. El año que viene, el gobierno que resulte electo tendrá que desembolsar 20.376 millones. En 2021 serán 31.608 millones. En 2022, 49.923 millones y en 2023 un total de 46.594 millones de dólares. Por su parte, al FMI le resta girar nada más que 3.875 y 1.937 millones en 2020 y 2021 respectivamente. Es claro que las nuevas autoridades estarán más que complicadas con esta herencia que, de no reformularla, caerá sobre las espaldas del pueblo argentino al que ya le está costando sobrevivir.

La deuda externa ha sido una de las razones que condicionó el desarrollo del país desde el empréstito de la Baring Brothers en 1824. La otra desgracia fue la eliminación física de adversarios desde que el general Juan Lavalle fusiló al gobernador de Buenos Aires, coronel Manuel Dorrego, en 1828, y que en el siglo XX se tradujo en una sucesión de golpes de estado. Las consecuencias de ambos flagelos fueron en aumento con el paso de las décadas. Uno de ellos pudo detenerse, el de los golpes de estado y fue con el NUNCA MÁS de 1984. La deuda externa aún queda pendiente.

En 1983, con el regreso a la democracia, el gobierno de Raúl Alfonsín instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que, con su informe NUNCA MÁS, no sólo aportó pruebas sobre el plan de exterminio de personas ejecutado por la dictadura militar entre 1976 y 1982, sino que además promovió un verdadero cambio cultural en la sociedad argentina a la que ya no le quedan dudas a la hora de condenar los golpes de estado.

El 15 de diciembre de 1983, por el Decreto 187, se creó la CONADEP integrada por figuras públicas prestigiosas, con dirigentes de los cultos religiosos y personalidades reconocidas del derecho, la cultura, la ciencia y el periodismo.

Hay que recordar que cuatro años antes, en 1979, buena parte de la dirigencia política, empresarial, social y el periodismo habían impugnado la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), calificándola como una injerencia extranjera en los asuntos del país mientras defendían la “lucha antisubversiva”.

También se debe mencionar que en la sociedad se vivía un sentimiento de desprotección frente al accionar de las Fuerzas Armadas en el gobierno. Unos temían que cualquiera pudiera ser víctima de la persecución, y otros justificaban la represión con el “por algo será” y miraban con desconfianza a las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares que reclamaban por los desaparecidos.

Tras la guerra de Malvinas la cosa empezó a cambiar. La dictadura quedó aislada internacionalmente, perdió el apoyo de las clases medias que empezaron a dudar del discurso militar y a cuestionar su autoritarismo y su incapacidad de garantizar el consumo y contener la inflación. La protesta sindical fue abierta, los partidos políticos se reunieron en una Multipartidaria, y los medios de comunicación también cambiaron su postura.

En 1984, después de una ardua investigación, la CONADEP redactó un informe con el que expresó una condena moral al sistema de desapariciones y se transformó en un legado para las generaciones futuras, una ayuda memoria para que nunca más volviera a suceder. Emilio Crenzel en su libro La historia política del Nunca más: la memoria de las desapariciones en la Argentina, asegura que la investigación y el informe público fue “el resultado de la conformación de una alianza tácita entre la mayoría de los organismos de derechos humanos y la conducción del estado que se tradujo en un proceso de legitimación recíproca entre la Comisión, los organismos, los familiares y los sobrevivientes”.

Luego, con los organismos de derechos humanos a la cabeza, el NUNCA MÁS fue reproducido por diversos actores de la vida pública. Se repartió en las escuelas, se debatió en los programas de televisión, se promovieron paneles, obras de teatro, películas, hasta que se convirtió en una memoria colectiva que permanece hace 35 años a pesar de los cambios políticos y culturales. Una multitud impidió la aplicación del beneficio del 2 por 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad. Y otra muchedumbre fue ayer a defender a las Madres de Plaza de Mayo cuando les quisieron incautar su archivo histórico.

Si bien hoy existe en el Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Investigaciones del Origen y Seguimiento de la Gestión del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por la ley 26.984 de 2014, sus investigaciones no trascendieron a la sociedad. ¿Por qué no pensar en una Comisión Nacional sobre la Deuda Externa (CONADE), que aproveche las investigaciones parlamentarias ya realizadas, pero que haga también un trabajo de difusión similar al de la CONADEP, para promover la toma de conciencia sobre este tema y para que quede claro en la Argentina que NUNCA MÁS ningún gobierno pueda tomar una deuda que embargue no solo a los argentinos del presente, sino a las generaciones futuras, con las consecuencias de enriquecimiento de unos pocos sobre el sufrimiento del hambre y la pobreza de las mayorías.

Y que en el siglo XXI, cuando se publique ese informe, podamos decir como en 1984: “Después de la verdad, ahora la justicia”.

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