El 60% de las denuncias por tratos crueles en las cárceles ya fueron archivadas. Sólo un caso, sobre más de 500, irá a juicio oral.  De acuerdo con un informe de la Procuración Penitenciaria (PP), a partir de datos recolectados por el Registro de Casos Judiciales de Tortura, se puede llegar a la siguiente conclusión: la gran mayoría de los casos de torturas en los penales argentinos no son investigados o ni siquiera son denunciados judicalmente por miedo de los detenidos a represalias.

Desde 2014, la PP presentó 520 denuncias por torturas contra presos. De esas causas, 315 (60%) ya concluyeron. ¿De qué modo? En el 96% de los casos (300 denuncias) se archivó la denuncia, mientras que en el resto se dictaron el sobreseimiento o la falta de mérito. Por su parte, de las 176 causas que siguen su curso, sólo una fue elevada a juicio oral. En ningún caso se dictó alguna detención preventiva. Además, sólo en el 7% de los trámites se identificó a posibles responsables de los hechos penales.

De esta manera, el mensaje de la Justicia se vuelve muy claro: no nos interesa investigar qué pasa adentro de lo penales. Y tiene un efecto inmediato, ya que menos del 40% de las personas que manifestaron ante la procuración penitenciaria haber sido víctima de torturas, prestaron luego su consentimiento para la presentación de una denuncia penal, principalmente debido al temor a sufrir represalias. Para qué enfrentarse ante ese riesgo, si la experiencia muestra que la justicia no investiga hechos así.

Describió la PP en el cierre de su informe: “Esas cifras reflejan una dinámica de funcionamiento del sistema judicial que dista mucho de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de investigación y sanción de graves violaciones a derechos, como el de debida diligencia e investigación pronta, imparcial y exhaustiva”.

Jorge Joury