A través de sendos discursos y entrevistas, Alberto Fernández anticipó dos grandes medidas en materia energética en caso de resultar electo. La primera, la desdolarización de la energía; la segunda, un estudio exhaustivo de la herencia tarifaria macrista. Algunos aportes en este sentido.    

Dolarización

La dolarización de la energía es la extranjerización de los costos y los precios. Es parte indisoluble de la mercantilización de la energía padecida con Mauricio Macri, esto es, su reducción a un producto como los que uno encuentra en la góndola de un supermercado, pero con aún más prebendas.

Al dolarizar la energía, las empresas se protegen de la inflación y la devaluación, y se aseguran el mejor retorno para sus dueños y accionistas, buena parte de los cuales son extranjeros. Importan a precio dólar y exportan a precio dólar. Y a dólar nos venden la energía, siendo la República Argentina un país productor y generador de energía. Riesgo empresario «cero» con costos de generación, transmisión, distribución e inversión (las cuestiones vinculadas a la construcción no están dolarizadas) cubiertos en dólares. Con el agravante de que una reducción en el precio del gas en boca de pozo no sólo no se tradujo en una reducción de la tarifa, sino todo lo contrario. Sumemos la disponibilidad indiscriminada de utilidades, dividendos y otras comisiones giradas al exterior donde están sus casas matrices o grueso accionario. Sumemos que muchos yacimientos convencionales no deberían tener sus costos dolarizados; igual vale para los no convencionales en los que todos sus costos se han dolarizado. ¿Todos los costos tienen que estar realmente en moneda extranjera? En fin, una suerte de «venas abiertas», pero para la energía.

Las consecuencias: se prefiere importar combustibles que producirlos localmente. Se prefiere exportar masivamente gas en vez de preocuparse por volcarlo al mercado interno (que además lo necesita en cantidades decrecientes). Tampoco se presentan proyectos de agregación de valor aguas abajo, como cabría esperar con la industrialización del gas. El foco puesto en construir plantas de GNL financiadas por el Estado y en un gasoducto que conecte Vaca Muerta con los puertos de Buenos Aires, en lugar de ampliar los existentes, en lugar de terminar el gasoducto del NEA, paralizado por esta gestión y que podría llevar gas de red a más de 750.000 nuevos usuarios de las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe (norte), Corrientes y Misiones; en lugar de una auténtica revolución de la industria petroquímica y química.

Tarifas «justas, razonables y asequibles»

Es muy importante destacar que la desdolarización de precios y tarifas -la pesificación de aquellos costos que efectivamente puedan «argentinizarse»-, no implica necesariamente una reducción en las tarifas/combustibles respecto de lo que pagaríamos con Macri (si Macri continuase en el poder más allá de 2019).

Tampoco implica tarifas «justas y razonables» como establecen las leyes, la Constitución Nacional y el fallo de la Corte Suprema (agosto de 2016) para los usuarios y las usuarias; menos que menos que las mismas sean asequibles, esto es, que puedan ser pagadas por la ciudadanía, los comercios, PyMEs industriales, economías regionales y pequeños productores, todo en el marco (fomentando) un normal desenvolvimiento tanto de las economías regionales como de la economía nacional.

Y es por este motivo, que creemos que Alberto Fernández acompaña su propuesta de desdolarización con el necesario y estratégico paso de estudiar la herencia tarifaria macrista. ¿Por qué? Precisamente porque entendemos que el objetivo superior es alcanzar un sistema energético y un esquema tarifario «justo, razonable y asequible». En función de ello, estudiar la estructura de costos para la pesificación del precio del gas con la justipreciación de los insumos y equipos que están dolarizados (válvulas, químicos, etc.), si bien resulta central, en esta etapa quizás sea aún más central asegurar el cumplimiento de las Actas Acuerdo en lo referido a la indexación «no automática» de las tarifas. 

Conclusión

Con tarifas «justas, razonables y asequibles» conseguiremos justicia y razonabilidad de ganancias y rentabilidades para toda la cadena energética, a saber: productoras, generadoras, transportistas, distribuidoras, trabajadores del sector, Estados nacional y provinciales, usuarios y consumidores. Lo mismo es válido para el golpeado sector de los biocombustibles, fuente preciosa de industrialización de la ruralidad, de generación de empleo PyME y de desarrollo genuinamente federal.

Fuente: OETEC / Federico Bernal

Melisa Delgado Niglia