La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, envió este miércoles al Senado el pliego correspondiente a la postulación de Sergio Gabriel Torres como candidato a ocupar el cargo vacante de magistrado de la Suprema Corte provincial.

Desde su postulación, Torres ha sumado 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas.

En primer lugar, en el ámbito académico, Torres recibió el apoyo de las universidades de Buenos Aires y de Belgrano, y en la provincia de Buenos Aires, de las universidades nacionales de Plata, de La Matanza, del Centro, de Lomas de Zamora, de Avellaneda, del Sur, del Noroeste, de Mar del Plata, de José C. Paz y de e San Martín.

Además se sumaron instituciones de México, Perú, España e Italia como así también del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal.

Entre las numerosas instituciones de la comunidad civil que manifestaron su adhesión se encuentran el Centro de Derechos de Víctimas del Narcotráfico; la Asociación Civil Madres en Lucha contra el Paco; la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Sara Rus, sobreviviente de la Shoa y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; la Asociación Civil Centro de la Mujer de Virreyes; el Centro Barrial "San Alberto Hurtado"; la Asociación Argentina de Justicia Constitucional; el Instituto de Capacitación Judicial "Dr. Juan Bautista Alberdi"; la Asociación Argentina de Salud Mental; la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT); la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de la Argentina y la Mesa Nacional por la Igualdad.

En igual sentido expresaron su apoyo la Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia; la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex SEDRONAR); el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); el Museo Sitio Memoria ESMA; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también Raquel Mawszowicz, sobreviviente del Holocausto y las autoridades del Centro Ana Frank de Argentina.

Además, recibió adhesiones de jueces, fiscales y defensores de los fueros en materia penal, civil, comercial y administrativo, entre otras personalidades y entidades.

En todas esas adhesiones y apoyos recibidos se destaca reiteradamente su extensa carrera académica y judicial, sobre todo las actividades realizadas en torno a la problemática del tráfico y consumo de estupefacientes, al momento de impartir justicia, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de jóvenes y adolescentes atravesados por las adicciones.

La diputada provincial oficialista Carolina Píparo abandonó la ONG Usina de Justicia en disconformidad con los términos de la impugnación que se hiciera contra la designación de Torres desde ese espacio.

En su trayectoria en el Poder Judicial como magistrado, Torres tuvo gran responsabilidad en materia de defensa de los Derechos Humanos y la Democracia e intervino en la realización de un protocolo para resguardar la vulnerabilidad de los testigos en juicios por delitos de lesa humanidad.

A nivel académico, es Doctor en Ciencias Jurídicas; Magister Internacional en Nuevos Delitos Penales; Especialista Nacional Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, entre otos títulos.

En tanto, también fue distinguido profesor y doctor "Honoris Causa" en diversas universidades nacionales e internacionales y declarado "Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires" por la Legislatura Porteña.

Según se informó puntualmente, debido a cierta polémica que amenazaba con extenderse, el candidato propuesto por el Poder ejecutivo para integrar la Suprema Corte de Justicia cumple con lo previsto en la Constitución bonaerense respecto de lo dispuesto en relación al domicilio particular.

En el pliego enviado al Senado, Torres dejó asentada, con la documentación respectiva, que acredita la residencia en la provincia de Buenos Aires, poniéndola a consideración de los legisladores.