Tal como lo hiciera días atrás el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, la ONU, Amnistía Internacional y la presidencia del Parlasur, ahora es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que reclamó por la inmediata liberación de Milagro Sala, detenida en Jujuy tras la asunción del gobernador de Cambiemos, Gerardo Morales.
La CIDH aseguró en un comunicado que "urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata".
En este sentido resulta importante recordar que el pasado 21 de octubre el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas determinó que la detención preventiva de Sala, desde el 16 de enero, fue "arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte".
"Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy", continúa el comunicado.
La CIDH recordó que también el Mercosur y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hicieron un llamado al Estado argentino a tomar acciones para liberarla.
En esta misma línea, una delegación del Parlamento del Mercosur encabezada por su presidente Jorge Taiana visitó a la lider del Movimiento Tupac Amaru, para transmitirle el apoyo del Parlasur a la resolución del Grupo de trabajo de Detención Arbitraria de la ONU que pidió su inmediata libertad.
Postura del Gobierno
A través de la Cancillería y de la secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno nacional presentó un escrito en donde aseguró que la liberación de Sala "Implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación" judicial que se le sigue por malversación de fondos y fraude en la cooperativa que tenía a cargo durante el kirchnerismo.
En el texto, además, se afirmó que "están debidamente respetadas y garantizadas las garantías del debido proceso y los derechos".
"Arribar a la conclusión de que la detención de Sala resulta arbitraria, dando la espalda a esta evidencia aportada en los expedientes judiciales, resulta por sí misma una decisión arbitraria", se argumentó en el texto, y se agregó que "la evidencia referida a las relaciones de dominio e influencia que conserva sobre testigos de la causa, determina que su libertad en pleno proceso implicaría un claro peligro para con los objetivos de la investigación".
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