La crisis deja al descubierto los golpes bajos de algunos sectores empresarios, como el del grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, el “hermano del alma” del ex presidente Mauricio Macri.

Este empresario imitó los pasos de Techint y dispuso más de 700 despidos en su planta de Río Grande, Tierra del Fuego. A pesar de que el presidente Alberto Fernández ratificó que sería implacable contra los despidos en medio de la pandemia por el covid-19, la firma de Caputo decidió finalizar el vínculo laboral de 525 trabajadores contratados a plazo fijo y de otros 220 empleados contratados bajo la modalidad de PPD (Planta de Personal Discontinuos), entre operarios y supervisores.

Los contratos de los trabajadores finalizaban el 31 de enero, en línea con la primera fecha dispuesta para el fin de la cuarentena obligatoria. Sin embargo, desde ASIMRA aseguran que se habían comprometido a extenderlos antes del brote y de las posteriores medidas tomadas a nivel nacional para evitar la propagación del virus. "Repudiamos a las empresas por la situación crítica en la que nos encontramos", señaló a medios locales el Secretario General del sindicato, Javier Escobar.

El grupo empresario de Caputo, que nuclea actividades en el sector automotor, electrónico y telefonía móvil, confirmó también a los trabajadores que la medida se había tomado por la abrupta caída en las ventas. "Los trabajadores tienen contrato en Mirgor hasta el 31 de marzo, y no se les renovaría el contrato debido a la situación de la cuarentena”, resaltó Escobar, titular del sindicato que nuclea a los Supervisores metalúrgicos.

El gremialista explicó que desde la empresa prometieron reincorporar a ese mismo personal una vez que se supere la situación pero “no hay nada confirmado ni firmado” que garantice que eso suceda

La firma está acostumbrada a recurrir a las cesantías. En marzo del año pasado, cuando  Macri todavía era presidente, Caputo despidió formalmente a 63 trabajadores para coronar las suspensiones y reducciones de carga horaria que estaba implementando en la planta de Río Grande desde principios de año. En ese momento, el recorte respondía a la dura crisis que atravesaba el sector manufacturero por la apertura indiscriminada de las importaciones, el encarecimiento de los costos por la escalada del dólar y el desplome de la demanda que marcó a la economía macrista.