Se suele decir que la cárcel es la escuela del delito. Se lo atribuye al contacto entre diferentes personas con experiencias en la actividad ilegal.
Pero se omite un dato que parece mucho más relevante: los individuos se encuentran en permanente contacto con un sistema signado por la corrupción, el delito y la ilegalidad.
Deben recurrir muchas veces a estas prácticas para sobrevivir, o mejorar su situación dentro del encierro. Encima, la posibilidad de morir asesinado es 8 veces mayor dentro de lps presidios bonaerenses que fuera de ellos. Si bien los homicidios están en descenso, la superpoblación y la delegación del “gobierno” de los pabellones en los propios detenidos generan situaciones de violencia extrema donde la vida está en juego a cada minuto.
Otro de los dramas proviene de la situación social, ya que los penales también están poblados de jóvenes de los barrios más pobres con el futuro hipotecado. En lo que tiene que ver con las mujeres, el 68,2% se encontraba desempleada al momento de su detención, mientras que un 20,7% tenía un trabajo de tiempo parcial. Lejos de revertir estas realidades, las instituciones de encierro reproducen las desigualdades y estructuras dominantes que perpetúan las violencias sobre las mujeres, se señala.
A su vez, a la carencia generalizada de programas educativos y laborales, se suma que cuando existen ofertas de este tipo, según los organismos de derechos humanos “refuerzan los imaginarios culturales” que vincula a las mujeres a labores domésticas, limpieza, peluquería y cocina. “Se refuerza una mirada patriarcal que no permite pensar a la mujer en relación con el mercado laboral, que no considera sus capacidades, intereses o conocimientos previos por fuera de dichas tareas”.
LA FALTA DE EDUCACION ES NOTORIA
Los registros marcan que del total de presos en todo el país, el 62% tiene entre 18 y 34 años. Al quedar detenido, sólo el 8% tenía completo el ciclo secundario, el 18% el secundario incompleto, el 38% completó el nivel primario, el 28% no lo había finalizado, y el 6% restante no había pasado por el sistema educativo. El 29% de los presos había estado detenido con anterioridad. Una vez que te toca, es difícil salir del laberinto penal de la reincidencia.
Las cárceles bonaerenses, como las federales, con el paso del tiempo se han convertido en depósitos humanos. Se las califica como calesitas del hacinamiento donde la sobrepoblación es récord. Por poner un ejemplo, el 60% de los detenidos no tiene condena firme.
El uso excesivo de la prisión preventiva impacta sobre el sistema penitenciario que se encuentra totalmente colapsado y muchas de sus estructuras envejecidas, como la cárcel de Dolores, construida en el siglo 19. Según un informe de la CPM, la unidad 6 fue en 2018 la más sobrepoblada del Servicio Penitenciario Bonaerense alojando a 3,4 personas por cada plaza.
Tiene una capacidad para 188 personas pero judicialmente se amplió ese número a 370, y ese año alojaba a 833 internos. En la actualidad se cuentan 937 presos, es decir, una población 5 veces su capacidad original.
Esta penitenciaría padece de todos los males que se están tratando en la mesa de diálogo sobre la condiciones de las cárceles, que es coordinada por el ministro de Justicia y de Derechos Humanos de la provincia, Julio Alak. Se trata de una de las primeras medidas que tomó Kicillof al asumir como gobernador, debido a que se encontró con un sistema colapsado.
En Buenos Aires, el distrito más grande del país, a partir de la calamitosa situación que dejó María Eugenia Vidal, el ministro Alak se vio obligado a dictar la "emergencia". Se armó además una mesa con los organismos de derechos humanos para estudiar el caso de cada uno de los detenidos.
AUMENTA EL CONSUMO DE DROGAS
El problema de la superpoblación carcelaria en Buenos Aires se ve agravado por un dato estremecedor: en los últimos diez años aumentó un 300% el uso, abuso y adicción a los estupefacientes.
En la actualidad, unos 1500 internos bonaerenses son drogadependientes. Los números revelan situaciones escalofriantes: el 58% de los enfermos son reincidentes, casi el 87 por ciento son portadores del virus del SIDA y el ciento por ciento residía en el Gran Buenos Aires.
La gran mayoría, además, delinquió bajo los efectos del alcohol y las drogas -pastillas como el Rohypnol, marihuana y cocaína-; un 58% no terminó la escuela primaria, y la mitad pasó, antes de llegar a la cárcel, por institutos de menores, según un estudio de la Secretaría de Conductas Adictivas, que lleva adelante un programa de recuperación para drogadependientes instrumentado por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
DE LOS CANDADOS AUSENTES AL HAMBRE
Vidal cuando asumió hizo marketing con el drama carcelario. Por ejemplo dijo que encontraron un sistema penitenciario abandonado y muchas celdas no tenían ni candados. También en aquella oportunidad cuestionó el estado del sistema tras el paso del gobierno kirchnerista: "Se hablaba mucho de derechos humanos pero 7000 presos dormían en el piso", aclaró.
No obstante, la gobernadora se despidió con una denuncia por falta de comida en la mayoría de los penales. Hasta la propia Comisión Provincial por la Memoria difundió un durísimo documento sobre el deterioro en la alimentación de los internos con carne contaminada o en estado de putrefacción.Hoy el ministro Alak se encuentra ante el enorme desafío de desactivar una bomba, dado que la sobrepoblación es del 100%.
Es decir, que hay casi 50 mil detenidos en un sistema que tiene 23 mil plazas disponibles. Eso hizo que los internos realizaran una huelga de hambre en diciembre pasado, para visibilizar el crítico escenario. Entre otros dramas, la gestión de Vidal tuvo inconvenientes severos para darle comida suficiente a los detenidos, lo cual aumentó la tesión y el peligro de motines.
Alak está convencido que "la política criminal actual es insostenible". "Es imprescindible descomprimir las cárceles bonaerenses que tienen una sobrepoblación récord y un hacinamiento que genera condiciones inhumanas de detención así como también luchar contra la tortura adentro de las cárceles", agrega la Comisión Provincial por la Memoria, en el marco de los encuentros con el ministro.
La política de Vidal agravó un problema que ya existía. No obstante, durante su mandato sumó 13 mil nuevos detenidos, a partir de una política criminal que tendió a judicializar a los sectores más vulnerables, arrojando, además, ningún resultado sobre la baja de la seguridad. Esa judicialización incluyó el abuso de la prisión preventiva. Así las cosas, de 49 mil presos, sólo la mitad tiene condena firme.
LAS PRISIONES PREVENTIVAS EN LA MIRA
El último relevamiento menciona que sólo entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 se contabilizaron 2.500 encierros más. De la totalidad hay 21.538 internos procesados, 21.855 condenados, 141 sobreseídos y 251 sin prisión preventiva; además de 207 hombres y 12 mujeres mayores de 70 años, 59 madres, una madre embarazada y 25 embarazadas; también, 1344 penados y 3417 procesados privados su libertad por delitos relacionados con la ley de estupefacientes.
Con ese panorama, la propuesta fue evaluar la posibilidad de conmutar penas a quienes alcanzaron los 60 años, cumplido la mitad de la condena y reúnan las demás condiciones para obtener la libertad condicional; mujeres con hijos menores de 5 años que hayan cumplido la mitad de la condena; sentenciados a una pena que no exceda los tres años y que hayan cumplido un tercio de la misma, y condenados a una pena que no exceda los seis años y que se encuentren usufructuando el régimen de salidas transitorias.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo, creada mediante una resolución firmada por el gobernador, Axel Kicillof, funcionará como una instancia. Para las reformas hacen falta, en muchos casos, tramitaciones parlamentarias.
El abordaje de la flamante administración estaría en consonancia con lineamientos plantados a nivel nacional por la gestión de Alberto Fernández, que incluye un capítulo específico sobre la aplicación de las prisiones preventivas. La Reforma Judicial anticipada por algunos funcionarios nacionales es mucho más compleja, pero existe en punto de ebullición en los laboratorios oficiales.
LOS DETENIDOS EN COMISARIAS
Algunas voces intentan persuadir. Paula Litvachky, integrante del CELS y de la Mesa del Diálogo, destacó la convocatoria del ejecutivo provincial y expresó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos en las comisarías de la Provincia".
“Estos problemas son muy complejos, donde está en juego la entidad humana de la Justicia. Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad. Tenemos que acercar la cárcel de la Constitución a la cárcel de la realidad”, dijo después el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
También participaron de la reunión los miembros de la Suprema Corte, José Villafañe; el defensor del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano; la senadora, Agustina Propato; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el Capellán del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasques; los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, Rodrigo Pomares; el Procurador General, Julio Conte Grand; el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino; entre otros.
DOS BAÑOS PARA 100 PERSONAS
La crisis económica agrava la situación porque las familias pueden llevar cada vez menos comida en las visitas, y si las unidades están lejos, asisten con menos frecuencia. Los traslados y cambios de penal de los internos hacen que se dificulten las visitas.
La situación de las mujeres es peor todavía, porque reciben menos visitas y por lo tanto no tienen otra fuente de alimentación que no sea la del penal.
El colapso carcelario es notorio, ya que hay un preso por metro cuadrado y dos baños para 100 personas.
Con matices, hubo coincidencia en manifestar que se trata de la peor crisis humanitaria, "nunca antes vista", en los lugares de encierro. Involucra las 54 cárceles, 10 alcaidías y 483 comisarías. En las seccionales policiales hay 4.000 detenidos. La capacidad es menos de mil. La Suprema Corte las prohíbe, pero es letra muerta.
Sólo la Unidad de Olmos, aloja 3.000 presos, cuando las plazas "permitidas" son 2.000.
La alcaidía de Junín sobre la ruta 188, por ejemplo, es una unidad relativamente nueva, fue habilitada en 2009, corresponde a régimen cerrado, con educación primaria y secundaria. Allí, en la entrada del establecimiento, hay un cartel que indica "424 plazas". En junio del año pasado, el Juzgado Nº2: notificó 958 alojados. Representaba, entonces, una sobrepoblación del 135,38 %, la mayor en todo el sistema.
La Unidad Nº 31, parte del complejo de cárceles de Florencio Varela, tiene capacidad para 442 presos: tenía más del doble en el mismo mes 2019. Registrados 982 presos; 122,17 % de exceso.
Todo supone recursos, más allá de la estadística. Hace un año el estado provincial gastaba 33 mol pesos por cada recluso. Ese monto se disparó en los últimos doce meses.
La inflación cerró en el 54%. El Servicio Penitenciario saca cuentas. Por eso, Alak habla de la prioridad de alimentos y medicamentos. La palabra resocialización por el momento aparece como una abstracción, en medio de este escenario de escasez donde las personas pierden cada día la esperanza de un futuro mejor.
