La Resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación, con las firmas de la ministra Agustina Vila y de la subsecretaria Claudia Bracchi, dejó sin efectos lsa sanciones de la gestión anterior.

El Gobierno de María Eugenia Vidal abrió entre 2017 y 2018 más de 600 sumarios administrativos contra docentes que adoptaron medidas de fuerza, hasta que esta semana el actual mandatario, Axel Kicillof, estableció la anulación de esos trámites, "lo que vino a saldar el atropello cometido", celebraron los sindicatos del sector.

La Resolución 1175 de la Dirección General de Cultura y Educación, con las firmas de la ministra Agustina Vila y de la subsecretaria Claudia Bracchi, dejó sin efectos los sumarios el jueves pasado pero las consecuencias emocionales persisten en los testimonios recogidos por Télam de los maestros afectados.

Mirta Petrocini, presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), dijo que "la gestión anterior les inició sumarios a docentes que ejercían el legítimo derecho a la protesta" y que la resolución de la actual gestión "saldó ese atropello".

Del mismo modo se pronunció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Bonaerense (Suteba), Roberto Baradel, quien analizó que de esta forma se puso "fin a las prácticas extorsivas sufridas durante la gestión anterior y se reivindicó la lucha en defensa de la educación pública".

De manera similar opinó el secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), Miguel Ángel Díaz, quien calificó como "un hecho de justicia la eliminación de los sumarios a docentes por los paros. Vidal y su secuaz (el ex director del área educativa Gabriel) Sánchez Zinny perseguían a los compañeros y a las compañeras así como a las organizaciones sindicales".

En enero de este año el Gobierno bonaerense había resuelto devolver a los docentes el dinero que Vidal les había descontado por los días de huelga, cuando los maestros de la provincia paralizaron sus protestas en adhesión y solidaridad con la lucha de sus colegas de Chubut.

Dos meses más tarde, en marzo, en una de las primeras reuniones paritarias, las autoridades educativas del Gobierno de Kicillof acordaron levantar los sumarios administrativos que habían surgido en un contexto donde se había avanzado con el cierre de las escuelas rurales y del Delta y del bachillerato para adultos.

A eso se sumó, en agosto de 2018, la muerte de dos trabajadores de la escuela primaria 49 del partido de Moreno, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, a causa de la explosión de una estufa averiada que tenía pérdidas de gas y no había sido reparada.

Hoy, bajo la conducción de otro gobierno, los maestros sumariados contaron a Télam los alcances de este "amedrentamiento que pasado el dolor de la injusticia se trastocó en mayor lucha", según definieron.

Ariel Rodríguez, director de una escuela de Olavarría, contó que cuando se enteró del sumario "en noviembre del 2018 me sentí muy mal porque ponía en duda la veracidad de mi desempeño y la ética y la moral que siempre intentamos construir desde la escuela pública. El sumario me acusaba de no haber desempeñado las funciones como director y no haber abierto la escuela en el contexto de luchas, precisamente por haberme adherido al paro los días 5 y 6 de marzo del 2018".

"Yo cometí el error de no cargarlo correctamente en el contralor, pero inmediatamente al otro día informé del error", dijo.

"En julio nos citaron junto a un montón de compañeros para pedirnos explicaciones y se las dimos. Me fui tranquilo. Nunca pensé que luego iban a notificarnos de un sumario", sostuvo.

Agregó que "para nosotros el golpe es duro sobre todo en las ciudades chicas" contó en su carácter de vocal suplente del Suteba en la ciudad de Olavarría.

Rodríguez se organizó entonces "con el sindicato para entender esta situación que si bien ya veníamos con antecedentes de otros compañeros, nos tocaba más de cerca. Nos pusimos a trabajar de manera organizada y orgánica y dado que la acusación no tenía fundamentos, porque fue la excusa para amedrentar y generar miedo, entendimos que teníamos que agudizar nuestros actos, viendo además que se estaba usando el aparato estatal, comunicacional y hasta judicial para que no hiciéramos visible el conflicto docente", dijo.

"Hoy todo eso cambió", remarcó aliviado y compartió una carta enviada a sus compañeros al enterarse de la anulación de los sumarios donde destaca que en tiempos de pandemia "ante la imposibilidad del abrazo recibí la noticia de que las insostenibles acusaciones elevadas a sumario han quedado sin efecto" y celebra "la lucha organizada de los trabajadores".

Sandra Kennedy, hace un año, se jubiló justamente por haber sido sumariada: "Muchos hemos trabajado en forma honesta, poniendo el cuerpo en la escuela pública. Esos sumarios injustos fueron para perseguirnos y tratar de asustarnos, fueron para cerrar la escuela, basados en errores humanos administrativos que siempre hay, algo totalmente bajo", dijo.

"Fue uno de los motivos por los cuales decidí jubilarme antes de lo que tenía previsto, después de trabajar con mucho amor durante 35 años. Soy profesora de Educación Física y fui vicedirectora de la escuela secundaria 32 y directora de la escuela 361".

"Me gustaba mucho lo que hacía, pero me agotaron y el sumario fue lo que rebasó el vaso", dijo, tras admitir que "ahora estoy muy feliz con el fin de esta injusticia".

Miguel Pallarolds, director titular de escuela secundaria de Lomas de Zamora, contó que fue notificado del sumario "a mediados del 2018".

"Me imputaron irregularidades a la hora de confeccionar una planilla, algo falso, y se hizo sin que ningún nivel de verificación pasara por la escuela a ver si había sido así".

La diputada nacional Romina del Plá, secretaria general del Suteba La Matanza, sintetizó con que "durante la gestión de Vidal y Sánchez Zinny la persecución a docentes mediante sumarios administrativos fue un método habitual para disciplinar a la docencia".