La Comisión por la Memoria presentó en el anexo de la Cámara de Senadores bonaerense el decimotercer informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñez de la provincia de Buenos Aires denominado “El sistema de la crueldad”.
El informe que tiene por objetivo visibilizar las violencias estatales que se producen en la opacidad del sistema penal, da cuenta de prácticas como la tortura sistemática, muertes evitables, falta de asistencia sanitaria elemental, condiciones inhumanas de detención y abandono de miles de personas y familias elegidas selectivamente.
El trabajo presentado por la CPM es el resultado de la acción de control y monitoreo del sistema de encierro de la provincia, del despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios y del accionar de la justicia.
Los datos marcan que hubo 339 muertes bajo custodia del estado, 120 muertes por uso letal de la fuerza policial y que las cárceles bonaerenses tienen una sobrepoblación del 113% albergando a 42 mil detenidos cuando su capacidad es de 20 mil.
Además, de las 140 muertes dentro de los penales, el 72% fue por problemas de salud no asistidos. En ese marco se indica que al menos hubo 1857 hechos de falta o deficiente atención en salud.
Sobre los casos de tortura en lugares de encierro en la provincia, se afirma que durante 2018 se relevaron 2428 hechos (que incluyen también malos tratos) padecidos por 469 víctimas.
Otros de los puntos que se destacan como métodos de aleccionamiento a los internos son los traslados, que se pueden dividir entre gravosos y constantes.
Los primeros, implican un alto nivel de rotación por las distintas unidades penales y la permanencia por breves períodos de tiempo en cada una, mientras que los últimos remiten a la producción de malos tratos durante el tránsito entre dos destinos.
Sobre este punto, se señala que en 2018 hubo 147 traslados gravosos y 108 constantes, cuando desde 2011 a 2018 hubo 688 y 813 respectivamente, superando ampliamente la media anual calculada en 98 y 116 para cada uno estos ítems.
Otro número marca que los detenidos en comisarías superan la capacidad en un 310%, albergando a 4129 personas detenidas, cuando sola hay 1007 camastros. Esto marca lo que se denomina “política de cama caliente” ya que 3 de cada 4 personas o bien duerme en el suelo o se turna para dormir con sus compañeros de celda.
En relación al uso letal de la fuerza, y como ya se marcó anteriormente, hubo 120 decesos. El 78,4% fue para evitar robos de bienes propios o de terceros y el 68% fue en intervenciones fuera del horario de servicio. 74 de las víctimas tenía menos de 30 años, 20 eran menores de 18 y 53 tenían entre 15 y 24 años, en esta franja etaria se da la particularidad que mueren más personas por uso de la fuerza policial que por homicidios cometidos por particulares.
Finalmente y en referencia a las muertes en instituciones de salud mental se marca que fueron 180 personas internadas las que fallecieron. Un 57% pertenecen a instituciones estatales (15% de la población) y del 63% de las muertes que se producen en lugares de internación privados se desconoce la causa de la muerte.
