*Por Jorge Joury| No va a ser un fin de año fácil para María Eugenia Vidal. Cuesta creer que después de tantos garrotazos, la denominada "maldita policía" se mantenga viva y dispuesta a seguir desafiando al poder político. Desde Asuntos Internos lo saben y no se descuidan. Por eso observan permanentemente con la lupa, las declaraciones juradas de los altos jefes. Esta vez, los auditores han detectado que hay más de dos mil uniformados de las jerarquías más altas, que aún no han blanqueado sus patrimonios ante la Escribanía General de Gobierno. El plazo para cumplir con ese trámite, venció el 31 de octubre. No obstante, para no levantar olas en la fuerza, las autoridades van a esperar hasta el jueves próximo para definir las medidas disciplinarias que se aplicarán.
En primera instancia, sospechan que hay decenas de funcionarios que están tratando de dibujar sus declaraciones juradas, porque no pueden justificar sus bienes. Muchos de los jefes expulsados de la fuerza, han sido sorprendidos con patrimonios millonarios, autos de alta gama, propiedades en barrios privados, agencias de autos a nombre de testaferros, caballos de carrera, helicópteros y embarcaciones, así como con cuentas en el exterior. Todo ello, producto del pase de la gorra en negocios oscuros, siempre amparados en la cadena histórica de complicidades al más alto nivel.
"Les vamos a dar de plazo hasta el jueves, pero luego les caeremos con todo el peso de la ley", señaló una de las primeras espadas del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. El vocero reveló que la bajada de linea de la gobernadora es terminante: "hay que barrer con cualquier indicio de corrupción, hasta sacar todo el barro".
HABRA FUERTES SANCIONES
Frente a este escenario, hay que señalar que en los últimos l5 años, este ejército de más de 90 mil hombres, ha sido duro de domar para los diferentes gobiernos de turno. Hubo en ese período,11 jefes de Policía. Seis de Felipe Solá, tres de Scioli y dos de Vidal. El promedio da un recambio cada 16 meses, pero la Bonaerense es casi la misma.
La gobernadora no quiere bajar la vara, porque la lucha contra las mafias es una de las prioridades de su gestión, por lo que este año decidió ampliar el rango de los agentes obligados a presentar sus declaraciones juradas de bienes patrimoniales.
En abril pasado, Vidal estableció como fecha límite el 31 de octubre para que todos los funcionarios policiales, del Servicio Penitenciario y agentes del Poder Ejecutivo presenten sus declaraciones juradas en formato digital.
No obstante, en medios confiables pudo saberse que de los 14.500 hombres que debían declarar sus bienes, cerca de 1.500 no lo hicieron en la Escribanía General de Gobierno y unos 700 tampoco se presentaron a la Auditoría General de Asuntos Internos.
Frente a este escenario, el Ministerio de Seguridad dio un ultimátum y puso como nuevo plazo para el 30 de noviembre. De esta manera, si para el jueves próximo los uniformados no cumplen con la presentación de sus declaraciones juradas van a ser sancionados.
NUEVE AGENTES EXPULSADOS POR DIA
Si bien en 2016 debieron informar sus ingresos y bienes unos 7.500 policías de la Bonaerense con jerarquías desde subcomisarios, este año debieron cumplir con el trámite el doble de ellos, ya que se amplió el requisito al rango de oficial inspector o equivalente, a todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y a todo el que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Otra de las particularidades que se observaron, fue que las declaraciones juradas debieron ser presentadas en formato digital, con el objetivo de reducir gastos, acelerar el proceso de entrega y transparentarlo.
Hay que dar cuenta también que el Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso sanciones para 154 policías que debían declarar sus bienes y no lo hicieron.
Del total de 6.341 policías que fueron obligados a presentar sus declaraciones juradas, habían quedado sin hacerlo unos 390, por lo que el Ministerio había resuelto prorrogar el plazo por otros 30 días.
Cumplido ese período, fueron 154 los uniformados que no se adecuaron a la exigencia legal, y fueron investigados ante la Unidad de Información Financiera (UFI) y ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Luego se detectó el caso del llamado comisario millonario, el inspector Néstor Omar Martín, quien era responsable de coordinación operativa de la Policía. Este funcionario tenía una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol. Martín renunció a su cargo y Asuntos Internos lo denunció en la Justicia penal.
Los datos de la realidad marcan que desde que María Eugenia Vidal comenzó a gobernar la provincia más grande la Argentina, el 10 de diciembre de 2015, unos 5.359 policías de la Bonarense fueron separados de sus cargos mediante más de 13 mil sumarios iniciados por diversas faltas y delitos. Además, fueron suspendidos 1.317 agentes y 436 terminaron detenidos. Es decir que, hasta el momento, el promedio da que se apartaron a razón de 9 agentes por día.
"PREFIEREN IR PRESO A SER POBRES"
Según los datos históricos que elabora la Auditoría General de Asuntos Internos, en lo que va de la gestión se iniciaron 13.771 sumarios por los 1317 fueron suspendidos. Incluso, ya a mediados de julio del año pasado se conoció que, en siete meses, se habían abierto 4.607 expedientes por los que terminaron apartados 1.655 policías, siendo que en 2015 los sumarios eran 2.163 y los oficiales removidos 688.
"Yo, más que purga, creo en una reforma profunda del sistema policial de la Provincia, que no se agota en separar a aquellos que estén involucrados en casos de corrupción”, había explicado entonces la gobernadora Vidal. En tanto, Fabian Perroni, quien reemplazó al polémico Pablo Bressi, jefe de la Policía Bonaerense aseveró: "Hay policías que tienen más miedo de ser pobres, que de terminar presos".
Otro caso emblemático, fue el escándalo que explotó en marzo del año pasado en la Departamental La Plata. Allí se hallaron sobres con 153.700 pesos que, se cree, venían de los nichos de corrupción de las seccionales por proteger la prostitución, el juego clandestino y los "trapitos”. O que en la comisaría 1° de La Plata se descubrió que sólo se cubría la mitad de las "horas adicionales” (Polad) de sus policías que se cobraban.
Más cerca en el tiempo, un caso que culminó con la renuncia jefe de la Bonaerense Pablo Bressi y el paso de las Plantas Verificadoras a manos civiles. Fue cuando cayó el comisario mayor Alberto "Máquina” Miranda, jefe del área, acusado de encabezar un sistema de recaudación ilegal, donde el dinero se obtenía mediante sobreprecios en el "formulario 12”, requerido para la verificación. Incluso, se descubrió la venta de documentos apócrifos y las "coimas” para dejar pasar autos que no tenían todos los papeles en regla.
En tanto, se conoció que los sumarios de estos últimos 19 meses fueron, en su mayoría, en función de investigaciones por el delito de "enriquecimiento ilícito". Asuntos Internos, en tanto, inició unos 300 expedientes que involucran a unos 900 efectivos, de los cuales 73 fueron denunciados ante la Justicia penal y a siete de ellos también se les imputó "lavado de activos".
Guillermo Berra es el jefe de Asuntos Internos, el hombre más temido por la mafia policial. Se trata de un abogado joven, que junto con el ministro Ritondo, se han convertido en las espadas más filosas de Vidal en la lucha contra la corrupción en la fuerza. Ritondo es el más mediático. Berra le escapa a las cámaras. Ha sufrido muchas amenazas y sabe que el bajo perfil garantiza su supervivencia.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.
