*Por Jorge Joury

Lo encontraron a poco de cumplirse un año de su desaparición. Estuvo 368 días en las profundidades, pero en su derrotero de angustias, ansiedades y fantasías, se convirtió en una historia de película.Son innumerables las leyendas que acompañaron la búsqueda del ARA San Juan. Algunas, disparatadas. El imaginario popular llegó a decir que nunca había salido de Ushuaia. También se apuntó a que estaba secuestrado en Malvinas y que un misil británico le había impactado en medio de su trayecto. Lo cierto es que la mole de hierro estaba a 907 metros de la superficie marítima, deformado e implosionado, exactamente en el trayecto esperado, en camino a su destino pautado, que era el puerto de Mar del Plata. Como se observa en algunas de las 67 mil fotografías que se le tomaron, parte de su hélice se encuentra enterrada, el casco se muestra colapsado, pero sin aberturas de consideración y hay restos desperdigados en un radio de 70 metros.
De acuerdo a la información que se conoce, los restos están repartidos en cuatro partes: casco resistente, proa, popa y vela. El casco resistente estaría entero aunque abollado por la presión del agua. Dentro de esa estructura «de entre 25 y 30 metros de largo», según refirió el vocero de la Armada, capitán Enrique Balbi, confeccionada con acero especial, se encuentran las zonas vitales del submarino, incluidos los lugares por donde circulaba el personal.
Las otras tres partes encontradas, construídas con un acero de menor capacidad de resistencia a la presión del agua, quedaron desparramadas en un área relativamente reducida, de unos 100 metros de largo por 80 de ancho. Según Balbi, esta escasa dispersión podría significar que el submarino «implosionó» muy cerca del lecho marino.
Sobre las causas de la tragedia, se estima como probable que el ingreso de agua a las baterías provocó un incendio y que luego la estructura no soportó una inmersión más profunda.
Lo cierto es que en las profundas y oscuras aguas del Atlántico Sur, una tumba de acero hoy guarda los secretos de los últimos momentos de vida que padecieron aquellos 44 héroes. No sabemos si fue una muerte súbita en cadena o si padecieron una lenta agonía por el humo tóxico. Es probable que nunca podamos desentrañar la verdad. Más aún cuando el ministro de Defensa, Oscar Aguad reveló que «no debe haber en el mundo capacidad técnica como para reflotar una mole de más de dos mil toneladas», al reafirmar de manera rotunda que no cree en la posibilidad de extraer al ARA San Juan. También dijo que el Gobierno debe pagar 7,5 millones de dólares por el operativo de búsqueda y «eso, en este momento del país, es toda una cifra», aclaró. ¿Valía la pena mencionar este dato, cuando el costo en vidas de abnegados hombres de mar no tiene precio?. Es lo que habría que preguntarle al funcionario, que siempre mostró muy pobres argumentos y falta de profesionalismo, cada vez que le tocó entrar en escena para dar explicaciones.
La tragedia no hace otra cosa que desnudar la falta de recursos por parte del Estado para el mantenimiento necesario de las estructuras operativas de las Fuerzas Armadas, algo que en su momento plantee desde esta columna. Esto ocurrió durante largas décadas de gobiernos que nunca apostaron a la defensa nacional, menos a la de la soberanía de nuestros mares, siempre depredados de su riqueza ictícola por los pesqueros extranjeros .
Durante estas horas de duelo, lo único que emergen son las dudas.
Pero existe una coincidencia que debería llamar la atención. No solo el ARA San Juan fue encontrado en el lugar donde se suponía que debería estar, en el trayecto exacto entre Ushuaia y Mar del Plata, a 15 kilómetros donde se habría escuchado la explosión el 15 de noviembre de 2017, al inicio del talud continental. Lo mismo ocurrió con el cuerpo de Santiago Maldonado, hallado exactamente donde se suponía que estaba, a metros de donde había sido visto por última vez el 1º de agosto de 2017, en el río Chubut, enredado bajo unas raíces de sauces que impidieron que saliera a flote. No había viajado al sur ni al norte, como lo imaginaba la novela ciudadana. Tampoco había cruzado a Chile y no había sido herido por ningún puestero, ni se había quedado en una sesión de tortura realizada por un grupo de gendarmes. Todo fue una especulación del imaginario popular, como la desaparición de la familia Pomar, que fue buscada durante meses y el automóvil volcado estaba frente a los ojos de todos, a un costado de una ruta llena de baches por la que viajaban. La verdad suele estar a la vista de todos, pero no siempre la vemos con facilidad, mucho menos en sociedades acostumbradas a décadas de gobiernos que hicieron uso de la mentira para manipular la realidad y donde es negocio que todo se nos torne sospecha.
Por cierto, el dolor no es menor ahora que se sabe dónde están los cuerpos. Es apenas la puerta de entrada para conocer por qué y bajo la responsabilidad de quién ocurrió esta desgracia.
Por estas horas de luto nacional, tres investigaciones en paralelo procuran desentrañar las causas de la tragedia, pero sólo una tiene la facultad de discernir las responsabilidades penales que podrían caberles a las máximas autoridades de la Armada y del Ministerio de Defensa, si se comprueba que hubo negligencias en la operatoria del submarino y en la cadena de mandos que permitió que saliera a navegar y en qué condiciones, y es la que dirige la doctora Marta Yáñez, titular del juzgado federal de Caleta Olivia.
De las otras dos, la Bicameral del Congreso busca deslindar las responsabilidades políticas sobre la desaparición y los operativos de búsqueda y la de Defensa, las especificidades técnicas del naufragio.
De lo que se conoce hasta el momento, la única pista firme surge del último mensaje recibido desde el San Juan, a las 8:52 de aquel 15 de noviembre de 2017: «Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías N° 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio en el balcón de barras de baterías. Baterías de proa fuera de servicio. Al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido». Las causas últimas que le impidieron volver a emerger y precipitaron su hundimiento seguirán siendo materia de investigación.
En todos los casos, hay hoy un abanico de dudas. «Deformado, colapsado e implosionado» por la presión del agua a 907 metros de profundidad, a 460 kilómetros del golfo de San Jorge, la hipótesis arrojada por Aguad apunta a que la implosión ocurrió dos horas después del último contacto. Abona esa conjetura la ubicación de los restos del submarino, a unos 15 kilómetros del lugar donde los hidrófonos del CTBTO (la Organización del Tatado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con sede en Viena) detectaron, a las 10:51 de aquel 15 de noviembre de 2017, una «anomalía hidroacústica», corta y violenta, compatible con una explosión, y que a pocos días de la desaparición fue comunicada por el embajador argentino en Austria, Rafael Grossi.
Si esta hipótesis fuera correcta, el desenlace fatal fue casi inmediato. Otro tema pendiente de investigación, conduce a la posibilidad de que los submarinistas hubieran sobrevivido al menos seis días, lo cual hubiera sido un verdadero martirio. El pasado 16 de abril, el expediente que sigue la jueza Yáñez recibió la declaración de un sonarista de la corbeta Spiro, que participó del primer operativo de búsqueda, quien aseguró que el martes 21 de noviembre se registraron y grabaron «golpes de casco», realizados «con algún elemento metálico fuerte», junto a una detección del sonar compatible con la presencia del sumergible. El suboficial, que pidió a la magistrada preservar su nombre por temor a represalias, agregó que desde el Comando de Adiestramiento y Alistamiento (COAA) ordenaron a la Spiro salir de esa posición, que el destructor Almirante Brown, con un mejor sonar, también corroboró el contacto.
Para el sonarista no quedan dudas de que la intensidad de los golpes, repetidos a intervalos espaciados, era compatible con un pedido de auxilio desde las profundidades. Verosímil o no, el dato suma enigmas a la polémica sobre cómo circuló la información en las primeras horas de la desaparición entre la cúpula de la Armada y el Ministerio de Defensa, y si esos cortocircuitos derivaron en que el protocolo SAR de búsqueda y rescate se activara tardíamente.
En todo caso, el hallazgo no puede sacar del foco de atención de la Justicia la compleja interna naval y el examen de sus responsabilidades. Semanas después de la tragedia, el almirante Marcelo Srur, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada, desplazó de sus cargos al contralmirante Luis López Mazzeo, que manejaba el COAA, y al capitán de navío Claudio Villamide, comandante de la flota de submarinos; poco después, el ministro Aguad hizo lo propio con Srur por ocultarle información sensible sobre el caso. Sugestivamente, justo el día del aniversario, el jueves pasado, López Mazzeo –que querelló a Srur– declaró en Caleta Olivia, pero no como imputado sino como testigo.
Aquellos «golpes de casco» tuvieron en definitiva un lugar central en el epílogo de la búsqueda del ARA San Juan. Fueron el combustible de la última de las batallas que dieron los familiares de los tripulantes, cuando forzaron a la empresa Ocean Infinity a explorar ese indicio antes de la suspensión del operativo, que debía finalizar el viernes.
Con ese mandato –y también, merced a condiciones climáticas que le impidieron poner proa a Ciudad del Cabo y abandonar la búsqueda–,el buque Seabed Constructor volvió a las áreas señaladas como prioritarias desde el comienzo, es decir, cerca de donde el ARA San Juan estableció su última comunicación, cerca de la anomalía detectada por el CTBTO, y el Poi 24 –el vigésimo cuarto punto de interés analizado– resultó ser el submarino.
En medio de la mezcla de alivio y turbación que les produjo el hallazgo, la mayor incógnita de los familiares es preguntarse por qué durante dos meses el Ocean Infinity alejó su pesquisa de esas zonas. Les inquieta qué rara providencia generó este resultado positivo justo cuando el operativo llegaba a su fin, y cuando el luctuoso aniversario volvía a poner a la tragedia en el primer plano de la escena.
Todas las miradas sobre el hallazgo apuntan ahora al Juzgado federal de Caleta Olivia, a cargo de Marta Yañez, que en pocos días podrá contar con una «maqueta virtual» del estado en que está en el fondo del mar el submarino, construído con las 67 mil fotos que le tomaron a los restos los cinco sumergibles remotos del buque Ocean Infinity. Yáñez volvió a descartar, por el momento, la posibilidad de ordenar el reflotamiento del submarino y advirtió que para disponer una medida de ese tipo primero «habría que hacer un exhaustivo estudio de factibilidad». La justicia tiene la palabra final.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com. Si querés consultar su blogs, podés dirigirte al sitio: Jorge Joury De Tapas.

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