La CPM presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas detenidas en dependencias policiales de la región sanitaria VI, zona sur del conurbano bonaerense, donde la situación es particularmente grave.
A partir del monitoreo permanente de los lugares de encierro, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene advirtiendo sobre el agravamiento de las condiciones de detención en las comisarías bonaerenses: con 5.600 detenidos en 1.224 plazas, se alcanzó una sobrepoblación récord de los últimos 15 años. En estas inhumanas condiciones de detención, las políticas de prevención del coronavirus son sencillamente impracticables.
En este contexto, la CPM presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas detenidas en dependencias policiales de la región sanitaria VI, zona sur del conurbano bonaerense, donde la situación es particularmente grave.
Tal como había pedido la CPM, el fallo del Juzgado de Garantías N 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge López, ordenó al Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud bonaerense que desplieguen un “dispositivo de testeo exhaustivo de coronavirus con el fin de realizar una búsqueda intensificada de casos que favorezca la detección precoz, la prestación de cuidados médicos oportuna y minimice la transmisión del virus, en virtud del agravamiento estructural de las condiciones de detención existentes”.
La medida alcanza a todas las comisarías de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. En la información relevada antes de decidir sobre el habeas, el juez Jorge López constató que en estas dependencias policiales ya se registraron hasta el momento más de 580 casos positivos de coronavirus: 447 policías y 134 personas detenidas. Además se registraron 3 muertes: dos efectivos policiales y un detenido que presentaba antecedentes de diabetes y epilepsia. Además, otro policía se encuentra en estos momentos en estado crítico.
En su resolución, el juez de garantías reconoció la enorme gravedad de la situación que calificó de crisis humanitaria: “las deplorables condiciones edilicias (falta de ventilación, escasa iluminación, falta de higiene); falta de alimentación; de camastros y sus respectivos colchones ignífugos; atención médica; lo cual contraría las más elementales normas de derechos humanos, prescriptas en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de Naciones Unidas”.
También recordó que la Corte bonaerense, al inicio de la pandemia, había reclamado que se adopten en lugares de encierro las medidas sanitarias recomendadas por organismos internacionales; sin embargo, la carencia de infraestructura y las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que, incluso, se agravaron exponencialmente en las comisarías bonaerenses durante estos meses de pandemia hizo impracticable cualquier política de prevención.
Actualmente, el Ministerio de Seguridad bonaerense no sólo no publica ningún informe actualizado sobre la cantidad de detenidos y detenidas que se encuentran alojadas en sus estaciones policiales sino que tampoco sobre el estado de situación y partes epidemiológicos diarios que den cuenta de los casos positivos detectados y los operativos sanitarios desplegados.
