LA PLATA.- (De la corresponsalía de AGENHOY).- Sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2015, la aplicación de la Ley de Boleto Educativode gratuito sigue en lista de espera. Y si bien en la gestión bonaerense se barajaba la idea de poner en marcha el beneficio en los próximos meses a través de un esquema “reducido” y “progresivo”, la Justicia platense intervino y acabó por fijar los límites para la instrumentación del beneficio a más tardar en septiembre.

En las últimas horas, el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 11 de La Plata indicó al gobierno bonaerense en general y a representantes del área educativa en particular que aporten los datos necesarios a fin de que la ley se reglamente, a más tardar, en septiembre de este año.

Así lo resolvió la jueza María Cecilio Valeros de Corica, titular de ese juzgado, luego de la audiencia a la que convocó y de la cual participaron representantes de la Federeación Universitaria de La Plata (Fulp) y del gobierno provincial.

La magistrada explicó que la audiencia se dio en el marco de “un amparo que presentaron alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, quienes piden que se reglamente la ley” sancionada en el 2015 por unanimidad en la Legislatura. El tema a resolver es “la implementación”, remarcó Valeros de Corica.

Consideró asimismo que el estudio exhaustivo sobre cómo se aplicaría la ley se debería haber realizado antes de su sanción. “Ahora nos encontramos con que si yo resuelvo la implementación inmediata, operativamente no se puede llevar adelante, porque no sabemos con qué mecanismos ello es posible”, dijo la jueza.

En ese contexto, el fin de la audiencia fue “avenir a las partes para que se pueda avanzar con esa reglamentación y con la aplicación en el corto plazo”.

“Operativamente, desde el poder judicial no puedo ordenar algo que no se puede cumplir. Tengo que saber que lo que pongo en la sentencia es real. Y para eso nos faltan datos”, enfatizó.

La ley de Boleto Educativo Gratuito fue sancionada el 1º de julio del año pasado, pero aún está pendiente su implementación. Esa situación provocó desde comienzos de año un enfrentamiento entre las federaciones estudiantiles universitarias y organizaciones de terciarios y secundarios con el gobierno provincial (ver aparte).

Ahora, con el compromiso de resolver la cuestión en septiembre, la jueza Valeros invitó a las partes a una nueva audiencia previa pautada para el próximo 5 de agosto.

Allí, los representantes del gobierno como los del sector educativo deberán aportar los datos que están haciendo falta y deberán exponer los avances logrados.

“Puse como fecha límite el 5 de agosto como la previa a la implementación. Tenemos que ir paso a paso haciendo avances conjuntos, la idea es que en el menor tiempo la ley se cumpla sin dejar aristas frágiles”, puntualizó Valeros. En esa línea, remarcó la necesidad de conocer la cantidad de alumnos que afectará la ley para informar el cupo y, luego, determinar el presupuesto.

“Desde el gobierno quieren ser prolijos. Ver a cuántos, a quiénes y cómo se destina ese presupuesto. Descartaron dejar sin efecto la ley porque la idea es que se cumpla, pero ahora necesitamos avanzar en su implementación”, explicó.