Las políticas educativas para jóvenes en manos de Gendarmería son un retroceso para la democracia”, expresaron en un comunicado.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechaza la resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea el Servicio Cívico Voluntario en Valores donde la Gendarmería Nacional llevara adelante políticas de promoción y protección de adolescentes y jóvenes.

“La iniciativa es irresponsable, demagógica y pretende conmover cierto sentido común autoritario que orienta las políticas de seguridad: más control y presencia de fuerzas militarizadas como garantes de valores democráticos”, sostuvieron desde la Comisión.

Según el texto de la resolución ministerial, el Servicio Cívico Voluntario está dirigido a jóvenes de entre 16 y 20 años con el objetivo de “brindar capacitación en valores democráticos y republicanos”. En esa línea, la CPM insiste en que “con esta iniciativa, el Ministerio de Seguridad se arroga una competencia que no le corresponde y define una política para la niñez y adolescencia sin consultar los organismos creados por el Estado con este fin. No se educa para la democracia delegando en fuerzas militarizadas la formación de los jóvenes sino en la profunda transformación de estas fuerzas de seguridad que son autoritarias, violentas y desprofesionalizadas. 

La Comisión viene advirtiendo desde hace tiempo la falta de implementación de la ley 26.061 (Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes): son los organismos, entidades y servicios creados por esta ley quienes deben diseñar y ejecutar políticas públicas destinadas a la promoción, protección y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Como ya señaló la CPM en reiteradas oportunidades ante el anuncio de este tipo de iniciativas demagógicas, la función simbólica y práctica de estas políticas implica la militarización de la seguridad, el fortalecimiento de la faz represiva y violenta del Estado y el debilitamiento de los derechos y garantías.

“Las políticas de promoción y protección de niños, niñas y adolescentes en manos del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería son un claro retroceso para nuestra democracia. Pensar a las fuerzas militarizadas como garantes del orden y los valores es retroceder 40 años y volver a los momentos más oscuros de nuestra historia”, concluyeron.