Se trata del caso de las empleadas domésticas que denunciaron discriminación por parte de sus patrones en Nordelta. Ahora, el INADI analiza los hechos. 

 

 

Las empleadas del servicio doméstico denunciaron esta semana que los vecinos del lugar no les permitieron viajar en el mismo transporte que ellos. La legisladora porteña por el FIT, Miriam Bregman, elevó este caso al INADI, entidad que lucha contra la discriminación.

 

La denunciada formulada por Bregman, se centra contra las autoridades del complejo y contra la empresa de transporte Trip Co S.A., que brinda el servicio de transporte MaryGo, porque «les niegan a las mujeres el acceso a los mismos micros en los que viajan los propietarios». Además, la dirigente pidió la inmediata intervención del Inadi ante una “prohibición totalmente discriminatoria» que «viola todas las leyes, tratados y decretos que protegen los derechos de las trabajadoras».

 

http://www2.agenhoy.com.ar/2018/11/21/discriminacion-a-empleadas-domesticas-en-nordelta/

 

 

En ese sentido, la legisladora le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley «un informe detallado sobre la situación de las trabajadoras domésticas en el complejo».

 

Este medio dialogó con Oscar Cuartango, ex ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos, quien reflexionó: «Precisamente esta semana, que se cumplió el 69º aniversario que el General Perón eliminaba los aranceles e implementada la gratuidad de la enseñanza universitaria en nuestro país, paso trascendental para posibilitar el acceso de los hijos de trabajadores a la Universidad, con la consiguiente movilidad social ascendente de ello derivado, nos encontramos con un comportamiento inhumano y antisocial de un sector, que lo coloca en las antípodas del camino señalado por Juan Perón.»

 

Además, el fundador del grupo Descartes manifestó: «Si a ello agregamos que la Constitución Nacional establece que todos los habitantes son iguales ante la ley, no cabe otra cosa que concluir que el tratamiento discriminatorio de que son objeto las trabajadoras de casas particulares, por parte de sus empleadores en Nordelta, no solo deviene inhumano y antisocial, sino también antijurídico e inconstitucional.»

 

«Independientemente del repudio que merece ese criticable comportamiento de los empleadores de Nordelta, respecto del personal que se desempeña en sus viviendas, debe destacarse una ausencia del Estado tanto Nacional como Provincial que lo posibilita, y en ese sentido está direccionada la pérdida del rango ministerial de área de gobierno de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el gabinete nacional y su subordinación a las áreas de producción y desarrollo social, respectivamente», sentenció Cuartango.

Carolina Bisgarra