Un nuevo escándalo ganó la superficie cuando el fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago por parte del consorcio empresario, integrado entre otros por Ángelo Calcaterra. Fue quién se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento, canalizado a través de una firma extranjera.

Picardi presentó un extenso informe al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, en base a datos llegados desde el Principado de Andorra, relativos a la «ruta del dinero» de la maniobra, según el texto.

«El examen de los antecedentes obrantes en la investigación en el Principado de Andorra en conjunción con los elementos» ya obtenidos en la investigación «permiten concluir que la UTE CNS fingió o simuló haber contratado a la firma extranjera DSC para llevar adelante una contraprestación de servicios con motivo de la obra pública» para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, explicó Picardi.

Para el acusador, el «único fin» de esa contratación fue «justificar el giro de 4.495.250 dólares» que se habrían usado para el pago de sobornos a ex funcionarios.

En este contexto, «se pudo acreditar la inexistencia de una efectiva contraprestación de servicios con motivo de la contratación puesta bajo lupa», advirtió el fiscal.

Picardi hizo alusión al «hallazgo de nuevos elementos probatorios como así también al nuevo material aunado al presente que confirman, aún más, que la Unión Transitoria de Empresas integrada por ‘Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Spa y Comsa S.A.’ suscribió dos contratos fictos o simulados con la firma española Detección de Riegos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación S.A. (DSC)».

Estos contratos «le permitieron girar u$s4.495.250 a la Banca Privada de Andorra (BPA) para el pago de sobornos con motivo de la obra pública para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento», afirmó.

Rodrigo Gauna