Por Melisa Delgado Niglia.
El decreto que modificó la ley de Residuos Peligrosos para permitir el ingreso de reciclables sin el certificado de inocuidad ya enfrenta pedidos de nulidad. La Federación de Cartoneros junto con Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un recurso de revocatoria con el argumento de que el Ejecutivo no puede dictar medidas “que reduzcan el nivel de protección del ambiente alcanzado”. Además, avanza en el Congreso un proyecto de ley que plantea directamente la derogación del decreto.
Luego de que se entregara la solicitud de revocatoria, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, convoca a una “Movilización Cartonera” contra la importación de residuos y por un programa nacional para reconocer y fortalecer el trabajo de los cartoneros, el martes 17 a las 10.00 en el Obelisco.
“Hay que declarar la emergencia ambiental de residuos y basurales porque denunciamos que no solo no estamos en condiciones de importar residuos sino que hay una crisis en la gestión de los residuos. Hay más de 3.000 basurales a cielo abierto donde se hace la disposición final de la enorme mayoría de los residuos que generamos los argentinos y justamente generando contaminación del aire, tierra y agua”, expresó en diálogo con AgenHoy Juan Collado, militante de la Federación de Cartoneros.
“Mientras tenemos una crisis en la gestión de residuos que también impacta en una crisis social y mientras el gobierno no movió ni un solo dedo para aumentar los volúmenes de reciclado ayudando a las cooperativas, después cuando ese reciclado no alcanza para la industria, quieren facilitar la importación”, agregó Collado.
“Importar residuos resulta doblemente nocivo para el país”, sostuvo la diputada Fernanda Vallejos, autora del proyecto que fue presentado en el Congreso. Según los fundamentos, permitir el ingreso de basura implica gastar recursos “para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno e incluso perjudican a los que menos tienen”, a la vez de que se adquieren elementos potencialmente peligrosos.
El proyecto, que fue firmado también por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, sostiene que el decreto es regresivo en materia de derecho ambiental ya que flexibiliza el ingreso de residuos al no exigir el control de toxicidad en el país de origen.
Según el pedido de derogación, el decreto impulsado por el Gobierno “viola dos principios elementales del derecho vigente”. El de la no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en cuanto a los derechos alcanzados sobre protección ambiental y el principio de progresividad que busca aumentar la protección jurídica.
El proyecto sostiene a su vez que la importación de residuos reciclables, tal como planteó el oficialismo, atenta contra el desarrollo de las economías populares, como las cooperativas de cartoneros, quienes también se organizaron y presentaron un pedido de nulidad.
