El ministro de Justicia, Germán Garavano, concurre al Senado para presentar oficialmente el proyecto del nuevo Código Penal, norma que acarreará un amplio debate pero tiene escasas chances de ser aprobada este año en el Congreso.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales que preside el senador justicialista Pedro Guastavino se reunirá hoy a las 14:00 en el Salón Eva Perón para recibir al ministro, que brindará un resumen del proyecto ingresado a la Cámara alta el 25 de marzo pasado.
La campaña electoral, que está dando sus primeros pasos, atenta contra las chances de que el proyecto pueda ser debatido en profundidad en la comisión y pasar luego al recinto para ser votado, según coinciden en el oficialismo y la oposición.
Consciente de esa situación, días atrás el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expresó en declaraciones a los medios acreditados en el Senado, entre ellos NA, que en el Gobierno "no hay una urgencia" para que se apruebe el proyecto sino que espera un "tratamiento serio y profundo".
La iniciativa fue elaborada por una comisión redactora creada en 2017 a través de un decreto del presidente Mauricio Macri conformada por juristas, magistrados y representantes de los ministerios de Justicia, de Seguridad y de Desarrollo Social, presidida por el camarista Mariano Borinsky.
Además de Borinsky, integraron esa comisión Guillermo Yacobucci (vicepresidente), Carlos González Guerra (secretario), Nicolás Turano (secretario adjunto), Carlos Mahiques, Patricia Llerena, Víctor Vélez, Pablo López Viñals, Fernando Córdoba, Patricia Ziffer, y los representantes de los ministerios de Justicia, Martín Casares; de Seguridad, Guillermo Soares Gache; y de Desarrollo Social, Yael Bendel.
Las nuevas incorporaciones al Código Penal
El texto, de 540 artículos, buscar actualizar el Código vigente, que rige desde 1921 y que recibió alrededor de 900 modificaciones.
Entre otras reformas, el proyecto del nuevo Código Penal aumenta las escalas penales de 5 a 20 años por el delito de narcotráfico y el mínimo se incrementa hasta 6 años cuando se trate de pasta base de cocaína (paco).
La redacción contempla la jurisprudencia del fallo "Arriola" de la Corte Suprema de Justicia respecto de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal siempre que se trate de "escasa cantidad" y cuando la posesión no trascienda el ámbito de la privacidad.
En cambio, fija una pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.
Respecto del aborto, el nuevo proyecto le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.
Por otro lado, mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos violentos como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo.
Tampoco podrán acceder a ese beneficio los condenados por corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros.
El nuevo Código Penal también establece un aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.
Otra de las reformas tiene que ver con los siniestros viales:
Se incorpora la figura de "peligro abstracto" con penas de inhabilitación de 6 meses a tres años para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
Otro elemento de la iniciativa es que exime de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad "que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria".
En otro orden, se incorpora un agravante de pena por violencia de género obligando al juez a establecer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.
