La construcción perdió 67 mil puestos de trabajo en un año, de los cuales 19.000 cayeron sólo en diciembre último y la tendencia continuó en enero, advirtió este jueves la entidad que agrupa a las empresas, en un lapidario informe sobre el sector.

Precisamente, tras el encuentro que mantuvo el Consejo Ejecutivo con empresas asociadas de todo el país, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) emitió una declaración respecto del estado de emergencia que atraviesa el sector hace ya dos años.

A pesar del estado de situación, la institución destacó los avances logrados con el Gobierno y propuso una serie de medidas para impulsar la actividad.

Desde la Cámara ponderaron la iniciativa de constituir una Mesa de Coordinación del sector de la Construcción (con participación de la UOCRA y del Gobierno), así como de la “Mesa chica para temas de Obra Pública”, constituida por la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y los ministros y autoridades de entes que realizan obras.

El texto afirma que más allá de estos signos que alientan favorables expectativas, la Institución debe declarar que el sector vive una situación excepcional.

El Índice Construya se desplomó 33,5% desde abril del 2018.

«La incertidumbre en el mercado afectó el inicio y la continuidad de las obras privadas, ya que las dificultades financieras y la falta de ventas afectan el fondeo de los proyectos.

De hecho, en enero del 2019 se registró el menor número de operaciones inmobiliarias de la serie estadística», apuntó CAMARCO en un parte de prensa.

Y agregó que dentro del ámbito de construcción privada hay una parálisis en las inversiones industriales ante la falta de horizonte claro, restricciones cambiarias y para la remisión de utilidades al exterior.

«Sectores que requieren fuertes inversiones privadas como ser la industria del gas y petróleo, particularmente el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y minería se encuentran fuertemente restringidos sino paralizados a la espera de un escenario claro», reclamaron.

Y afirmaron que la falta de presupuesto nacional para obras de vivienda social y los atrasos en los pagos de las obras públicas certificadas completan el cuadro de situación.

CAMARCO reclamó medidas básicas para ordenar el sector: ampliación a toda empresa constructora de los Regímenes Fiscales y Previsionales de excepción (suspensión de toda sanción y punitorios; crédito para capital de trabajo).

En relación con los contratos de Obra Pública vigentes, pidió el establecimiento de una línea de descuento de certificados de obra pública, emisión de una Boleta de Deuda por cada crédito que no pueda ser cancelado de inmediato, neutralización de los contratos sin multas ni sanciones y reformulación de los mismos para la parte de obra pendiente de ejecución, y pago de todo crédito a favor del contratista, entre otras.

CAMARCO también solició medidas estructurales: incentivo fiscal a la construcción de nuevas viviendas para sectores medios; proyecto de ley que establezca que los créditos hipotecarios se actualicen por CVS para el tomador del crédito; puesta en marcha de un Plan de Construcción de Viviendas Sociales a través de los institutos de Vivienda Provincial (IPV) con recursos del Estado Nacional.

Rodrigo Gauna