LA PLATA.- (De la corresponsalìa de AGENHOY).-  Hay un clima de alta tensión en distintos sectores de la Policìa Bonaerense. Algunos de ellos ya comenzaron a hacer sentir sus reclamos. Como la ley no les permite tener un sindicato, un grupo de oficiales se las ingenió para empezar a hablar de posibles protestas a través de las redes sociales.

Por ejemplo, en la fan page de Facebook "Policía Reclamando", que tiene 18 mil "me gusta, hay una convocatoria a retener tareas el próximo sábado, entre las 20 y las 22. Esta protesta incluiría un "sirenazo"" y podría afectar la atención en la línea 911 de emergencias.

"Queremos que la población sepa que hay miles de policías que votaron un gobierno que parece haberse olvidado de ellos. Esperemos que la gobernadora y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo tomen cartas en el asunto", alertaron en el último post.

Nicolás Massi, un ex oficial que está nucleado en el Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba), admitió que "hay malestar" porque las autoridades gubernamentales no los reciben. "Esto podría generar algún tipo de medida", reconoció.

Allegados al Ministerio de Seguridad aseguraron que el servicio está garantizado y añadieron que las amenazas de protestas son presiones lógicas en medio de la negociación salarial con la Policía.

La disconformidad salarial empezó a crecer porque los policías no cobraron en el sueldo de marzo el acuerdo paritario que se firmó con el resto de los estatales. Como por ley el primer tramo de aumento se destina a la Caja de Retiros, los agentes recién podrán observar el incremento durante el primer día de mayo.

El sueldo de un oficial de menor rango de la Bonaerense cobra 10.800 pesos. Y un comisario general, 56.000. En Buenos Aires, la negociación con los empleados públicos incluidos en la ley 10.430 (trabajadores de ministerios, organismos y entidades del Estado, excluidos los docentes) se traslada automáticamente a policías y penitenciarios.

La movilización de los policías se trata de un tema sensible en materia de estabilidad social. En 2013, una serie de paros y acuartelamientos policiales a lo largo y ancho del país provocaron una ola de saqueos que puso en jaque a la ciudadanía.