El gobierno se enfrenta a una verdadera bomba de tiempo si la Justicia le falla en contra. La situación está relacionada con que unos siete mil jubilados representados por el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, dieron el puntapié inicial de una demanda colectiva que puede hacer historia.
En ella se reclama la inconstitucionalidad de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria que fue aprobada durante la gestión macrista.
El expediente se empezó a tramitar en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 9 a cargo de la subrogante Silvia Saino. En la demanda se solicita una medida cautelar para que se restablezca momentáneamente la fórmula de movilidad anterior (correspondiente a la ley 24.426) para todos los jubilados y pensionados que no cobran el haber mínimo.
En el caso de no obtener una resolución favorable al pedido de amparo, Semino adelantó que pedirán un recurso de “per saltum” para poder acceder directamente a la Corte Suprema de Justicia.
El malestar de más de dos millones de pasivos que se sienten golpeados por la medida de la Casa Rosada tiene que ver con que en diciembre del año pasado se suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, por la que correspondía una suba de 11,56% en marzo y una de 10,9% en junio.
El 29 de julio del 2019 en campaña, Alberto Fernández había dicho todo lo contrario: "El 10 de diciembre voy a recomponer sus salarios y voy a recuperar jubilaciones; no hay otro modo de volver a poner en funcionamiento la economía, por eso habrá un aumento del 20 por ciento en las jubilaciones Todo lo demás es una ficción teórica".
Lo que realmente está pasando, es que la decisión fue congelar las jubilaciones, suspendiendo la ley de movilidad y dejando a los jubilados a merced de la discrecionalidad de un gobierno que no cumplió con su palabra.
Los especialistas en derecho previsional sostienen que ya hay 300 mil juicios de jubilados contra el Estado, por un monto que supera los 7 mil millones de dólares. Aclaran que "con este parche que se hizo con los aumentos por decreto, que reduce los ingresos que hubieran percibido por una ley votada en el Congreso, va a aumentar enormemente la litigiosidad.
No solamente perjudican a los jubilados de hoy, también afectan las cuentas públicas para el futuro, ya que estas cuestiones nunca terminan bien.
Estamos frente a un esquema que considera a un jubilado que hoy gana más de 16.000 pesos como parte de “los que más tienen”. Esos son los que aportaron toda la vida, para que el Estado le respete su libertad, su derecho a disfrutar de ese aporte, Al suspender la fórmula de movilidad y aplicar un aumento por decreto hubo un recorte de derechos sostiene Semino.
El defensor de la Tercera Edad agrega que “buscamos una rápida resolución para más de 2 millones de personas, los que cobran jubilaciones de $18.000 para arriba van a estar cobrando menos, no importa si es un 1%, más o menos, lo que hubo fue un recorte de derechos”.
Con la sanción de Ley de Solidaridad y Reactivación en el marco de la emergencia pública (Ley N° 27.541) en diciembre del año pasado se suspendió por seis meses la aplicación de la fórmula de movilidad para la actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones, por la que correspondía una suba de 11,56% en marzo y una de 10,9% en junio.
Con el decreto de Alberto Fernández, la jubilación mínima —que abarca a unos 3,5 millones de jubilados— se ubicará en $15.892, lo que significa un aumento cercano al 13% y una diferencia a favor de $197 con respecto a la fórmula anterior. Pero ese porcentaje de incremento se va reduciendo a medida que las jubilaciones son más altas. Por ejemplo, para un haber de $20.000 el aumento por el decreto será de 9,8% y se perderán $365 frente a la fórmula anterior.
Para un ingreso de $40.000, el aumento será de 6,1% y habrá una baja de $2.204 en comparación con la fórmula de movilidad anterior. Mientras que para una jubilación de $80.000, el aumento es de 4,2% y la pérdida es de $5.908.
El pedido de amparo colectivo reclama que se declare inconstitucionalidad del decreto de movilidad jubilatoria y se solicitó que para el aumento de marzo se reconozca como mínimo el 11,56%, de acuerdo al período devengado en el tercer trimestre del año pasado por la Ley de movilidad suspendida.
Los abogados manifiestan que esta acción de Semino "es colectiva y cubre a todos los jubilados afectados por el decreto.
Se limita a pedir la inconstitucionalidad del decreto con el incremento designado para marzo pero no suplanta o invalida las acciones individuales de los jubilados, que pueden reclamar situaciones más complejas o la pérdida de poder adquisitivo por períodos anteriores.
Fundamentalmente se basa en el principio de igualdad ante la Ley; progresividad de los derechos fundamentales; irretroactividad de las leyes y tutela efectiva de los derechos adquiridos”.
En síntesis, les sacaron a 2.5 millones de jubilados $4.451.000.000 para darle $924.000.000 a 4.3 millones de ellos. En el medio manotearon del sistema previsional $3.527.000.000.
En promedio, los jubilados que percibían por arriba de la mínima perdieron el 52% de lo que debían percibir con la fórmula anterior. Todo esto solo dos meses después de que el presidente anunciara en campaña que licuaría Leliqs para garantizarle poder adquisitivo a los jubilados mientras pagó estas letras y les recortó a los pasivos.
Los argumentos del gobierno es que la caja del ANSES no resiste. Pero lo que no se dice, es que todos los gobiernos le han metido mano para financiar el déficit. Por eso los números no cierran.
El Fondo de Garantías y Sistetabilidad no debería tener problemas, ya que al día de hoy el financiamiento del sistema previsional está compuesto aproximadamente por un 50%de aportes y contribuciones de los trabajadores activos y por un 50% de impuestos, entre los que se destaca el IVA.
Es decir que se podría afirmar, sin forzar las cosas, que no existe ninguna persona que no “aporte” al financiamiento de las jubilaciones, con solo consumir un alimento en el supermercado o comprar una gaseosa en un kiosko.
Incluso más, teniendo en cuenta la llamada propensión al consumo. Hasta se podría afirmar provocativamente, que quienes menos ingresos tienen, “aportan” proporcionalmente más a sostener el sistema previsional que quienes tienen ingresos más altos y ahorran una parte de ellos.
Siguiendo este planteo, una trabajadora cartonera del Gran Buenos Aires o un vendedor ambulante senegalés, que quizás reciben un salario social complementario de menos de nueve mil pesos por su labor y lo gastan por entero cada mes, “aportan” un porcentaje imprescindible del haber de un juez jubilado que recibe centenares de miles de pesos.
Por lo expuesto, no es cierto que no haya dinero para hacer frente a las jubilaciones. Lo que decepciona, es que todos los políticos en campaña prometen espejismos.
Después, cuando ejercen el poder, borran con el codo lo que escribieron con la mano. Alberto Fernández también se ha sumado a la lista.
Lamentablemente, la historia siempre se repite y los jubilados terminan pagando los platos rotos.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.
