La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de las pistolas Taser parece haber decidido al Gobierno a avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados. Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral de ese año, recobró impulso en las últimas horas.

Y ahora el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero. La principal novedad en la letra del texto, al que tuvo acceso Clarín, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

La información fue confirmada a Clarín por altas fuentes oficiales.
Más: el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros en Casa Rosada y que, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de Justicia, Germán Garavano ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que se evaluara la buena recepción que tuvo el anuncio de la compra de las Taser, clave en un año electoral.

En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política.
Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien habló del tema con Garavano en el cónclave del viernes.
La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, de 1980, plena dictadura. Saldadas las diferencias de criterio internas y siendo la baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo apuestan al consenso con un sector del PJ federal para avanzar en el Congreso.
El kirchnerismo se opondrá, opinan.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se le podrá imponer a adolescentes y se aclara que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua”. Y incorporan «mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos», como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, con el aval de la víctima.

Pero el proyecto no se limita a los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto del caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que dijo en una entrevista televisiva que mató a un “transa” que no le quiso dar droga y acusado de robar un jardín de infantes; quienes trabajaron en las ocho mesas que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que debe dar el Estado.

Así, cuando la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -de médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva. “Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”, dicen en Gobierno. “Esto plantea un cambio de paradigma. Hoy hay un modelo tutelar, en el que el juez decide discrecionalmente.

Proponemos adecuar la ley a la Constitución y a los parámetros internacionales, dijo a Clarín el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez.
El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad. “Hay provincias que están más avanzadas que otras. En algunas puede ser casi de forma inmediata y en las más atrasadas puede llevar varios años”, explican.
Para definir cada situación, en un esquema progresivo, se conformará una “Comisión de Implementación”.

Tanto el Ejecutivo como los gobernadores saben que el proyecto requiere de fondos adicionales. María Eugenia Vidal, que gobierna el distrito más caliente y con mayor incidencia de los jóvenes en el delito, fue la primera en plantearlo y pedir tiempo para adaptar el ya colapsado sistema penitenciario bonaerense.

A los 15 años serán imputables por delitos como homicidio, robo con armas o violación.

Acuerdo. Bullrich quería bajar la edad a los 14 pero acordó con Garavano que sea a los 15. La buena recepción de las Taser, fue un incentivo. D’ELÍA

CÓMO ES EN OTROS PAÍSES
○ Las edades de responsabilidad penal juvenil en América Latina varían de acuerdo al país, aunque se puede organizar en tres grandes bloques y una excepción.
○ En Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Venezuela, se ubica en la franja de 12 a 18 años.
○ En tanto en Uruguay, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala, la edad es a partir de 13 y hasta los 18.
○ En los casos de Bolivia, Chile, Colombia y Paraguay, se encuadra desde los 14 hasta los 18 años.
○ La excepción es Cuba, donde la edad de responsabilidad penal es a partir de los 16 y hasta los 18.

Carolina Bisgarra