Luego de que el viernes terminara la consulta pública previa a la subasta de febrero en la que se definirá el precio mayorista del gas, el Gobierno busca alternativas para resolver la disputa entre las petroleras y las distribuidoras sin pagar el costo político de avalar un tarifazo extra antes de las elecciones. Por eso, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, analiza dar marcha atrás con el incremento adicional que había propuesto para cubrir el rojo financiero que tendrían las distribuidoras por el cambio normativo. Esta misma semana tomará la decisión.

El trasfondo del conflicto es la modificación que impulsa el Ejecutivo en la regulación con la que se establece el precio mayorista del gas, que pasará de ser fijado por el Estado a dirimirse en una compulsa entre empresas. Esta iniciativa contempla, además, una reducción del plazo de pago de las distribuidoras a sus proveedoras, las petroleras, desde los actuales 75 días a sólo 30, con el objetivo de evitar desfases ante saltos del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado por la dolarización del precio del gas. Una propuesta celebrada por la CEPH, la cámara que nuclea a las mayores productoras (YPF, PAE y Tecpetrol, entre otras), pero resistida por su contraparte.

En el marco de la consulta pública, Adigas -la asociación de las grandes distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi y Eco Gas)- presentó un descargo ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), en el que planteó que la reforma las obligaría a conseguir financiamiento por $9.532 millones este año para poder pagarles a las petroleras, debido a que ellas cobran sus facturas a los hogares y comercios 60 días después de la entrega. La entidad puso el grito en el cielo y reclamó sostener los plazos vigentes.

Con las observaciones de ambos grupos de empresas sobre la mesa, los funcionarios de Energía y del Enargas se reunirán hoy en el Palacio de Hacienda para analizar una «alternativa intermedia» que permita resolver la puja entre ambos sectores, según le confirmó a este diario una autoridad del ente regulador. A mediados de semana, Lopetegui le dará forma definitiva a la medida con la intención de llegar a tiempo a la subasta prevista para el 11 de febrero.

La intención original del Ejecutivo en la negociación era no ceder la reducción a 30 días de plazo. Así, propuso trasladarles el eventual costo a los usuarios e inflar aún más el tarifazo ya pautado para abril, como adelantó BAE Negocios, ante el temor de que una nueva devaluación repita la película del año pasado: una deuda de las distribuidoras de $21.000 millones con sus proveedoras, que terminó asumiendo el Estado luego del repudio que generó el intento del Gobierno de cargárselo en cuotas a las tarifas.

Pero ese mismo recuerdo empezó a hacer mella en la previa de la campaña electoral. Es que en abril el cuadro tarifario del gas recogerá los aumentos que se fijen en la subasta de febrero y también se ajustará la tarifa de acuerdo al índice de precios mayoristas del Indec. Según anunció Javier Iguacel en diciembre, un día antes de ser eyectado de Energía, eso implicará un alza del 35% para 2019. Así, a mitad de año este servicio básico habrá acumulado una suba del 2.401%, de acuerdo con los cálculos de la Universidad de Avellaneda. Para evitar el costo político de una suba adicional por sobre esas cifras a meses de las presidenciales, Energía evalúa dar marcha atrás.

La misma alta fuente del Enargas aseguró: «Todavía no tenemos la determinación, se está analizando. La decisión que se tome no tiene que implicar ningún costo adicional en las facturas». En ese camino, explicó que consideran tomar una «alternativa intermedia» entre el plazo de 30 días previsto en la propuesta original y el de 75 días hoy vigente, con la idea de contener a las petroleras y a las distribuidoras.

Melisa Delgado Niglia