Un informe elaborado por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseveró que la deuda de la empresa Vicentin con el Banco Nación por unos $18.500 millones es resultado de «una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera».

El trabajo abordó la dinámica económica de la firma en los últimos años, lo que le permitió determinar que la cerealera Vicentin «venía en un proceso de expansión y no de crisis de endeudamiento», tal como refleja el patrimonio neto de $20.296 millones en 2018 en el último balance del que se deduce que la firma tiene una deuda con el Banco por $18.000 millones.

El informe de 12 carillas es contudente al aseverar que «claramente el “muerto” que la administración Macri – Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera».

El trabajo de Lozano detalló que mientras la deuda con el Nación, por unos $18.500 millones, en relación a las ventas de Vicentin en 2018 representan apenas el 15,7%, el total de deuda en pesos de la firma, por $23.500 millones, es el 19,9% de las ventas que en 2018 alcanzaron los $ 118.015 millones.

Pero el informe además de repasar los estados contables de Vicentin analizó la actuación del Banco Nación y sus autoridades encabezadas por el entonces presidente de la entidad Javier González Fraga en el proceso de endeudamiento, el cual «superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa fijada por el Ente Regulador para Grandes Empresas».

En ese contexto, reveló la existencia de llamados «desde la Presidencia de Mauricio Macri al ex Presidente del Banco González Fraga, quien se encargaba de llamar la atención a los funcionarios del banco para que se allanaran a los requerimientos de la empresa».

El principal aportante de “juntos para el cambio” en la última elección comenzó a incumplir con los pagos al Banco Nación casi en simultaneo con la elección de las PASO y la derrota de Mauricio Macri», planteó sugestivamente Lozano.

Además citó que los juicios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) contra la empresa se asientan en dudas que apuntan a una sobre estimación de costos y a la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. «Dicho de otro modo la AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones».

Melisa Delgado Niglia