El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa inició ayer un paro de actividades «por el anuncio de al menos 600 despidos, que se suman a las 1500 suspensiones». Pero frente a la protesta, el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación dictó de inmediato una conciliación obligatoria para poner un freno a los despidos que se iban a dar en Vaca Muerta y desactivar la huelga.

La nueva medida será por el plazo de 15 días para evitar que las empresas de servicios petroleros realicen desvinculaciones. Las negociaciones serán una herencia inmediata que recibirá el próximo ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Por otra parte, según había mencionado Econojournal, San Antonio y Schlumberger, dos compañías que ofrecen servicios de perforación a las petroleras, comenzaron a enviar telegramas de despidos. Uno de los puntos que mencionaron como motivo de despidos, es que tenían un exceso de personas que venían acarreando desde hace un par de años, que se mantuvo ante la expectativa de que la actividad económica repunte, lo cual no sucedió. Las proyecciones tampoco son alentadoras.

Por medio de un comunicado, el gremio que comanda Guillermo Pereyra, fundamentaron que «bajo argumentos ridículos y espúreos, más vinculados a la política nacional y sus medidas erráticas que al desempeño del trabajador, las cámaras empresarias del sector hidrocarburífero pretenden que los más débiles paguen lo que deberían resolver en otro ámbito».

La merma en la actividad se debe a varios factores entre los que se encuentra el pasado congelamiento del precio a los combustibles y el actual aplicado sobre las tarifas de gas y luz; la incertidumbre sobre el plan energético del próximo gobierno y la sobreoferta de gas que se produce en los meses de verano.

En ese marco, los petroleros pidieron que «se convoque de manera urgente a la Mesa de Vaca Muerta (comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos), prevista en el artículo 33 del Convenio Colectivo de Trabajo», y también «al gobernador de Neuquén», Omar Gutiérrez, «para poner en marcha el mecanismo de resolución de conflictos previsto por ley».

Frente a la situación que se esta dando en el sector energético, consultoras y empresas anticiparon que el 2020 será un wait and see, es decir, un año de transición. La parálisis comenzó a verse en agosto pasado, cuando el Gobierno sorprendió a la industria con la decisión de decretar el congelamiento de precios de los combustibles.

La resolución finalizó hace dos semanas, pero todavía quedan otras incomodidades que no permiten reactivar las inversiones: la imposibilidad de mover utilidades y el nulo acceso al financiamiento internacional.

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