El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino presentó el primer amparo judicial colectivo contra el aumento de las jubilaciones definido por decreto del presidente Alberto Fernández. El recurso judicial fue firmado por 7 mil jubilados.

La demanda colectiva reclama que se anule la suba diferenciada en los haberes jubilatorios (con la mínima casi llegando a un aumento del 13% que se va reduciendo para las jubilaciones más altas) y solicita que reconozca como mínimo el 11,56% para todos los jubilados, de acuerdo a lo que hubiera correspondido al hacer el cálculo con la suspendida ley de movilidad jubilatoria de Mauricio Macri.

La acción cubre a todos los jubilados afectados por el decreto de 163/2020 pero no invalida las acciones individuales que puedan presentar particulares con situaciones más complejas. Desde la Defensoría aclararon que no se trata de un recurso contra el Gobierno sino  un planteo vinculado a una cuestión técnica que busca atender a las necesidades de todos los jubilados.

El documento presentado por Semino y su asesor legal Andrés Gil Domínguez se basa argumentalmente en el principio de igualdad ante la ley, la progresividad de los derechos fundamentales, la irretroactividad de las leyes y la tutela efectiva de los derechos adquiridos. Gil Domínguez planteó que “el Gobierno realiza un ajuste contra los jubilados” y que la medida “es inconstitucional”. Semino, por su parte, aseguró que la suspensión de la movilidad jubilatoria “vulnera derechos adquiridos” y apunta a “pagarle menos a los jubilados”.

Desde el Gobierno aseguran que sólo el 27% de los jubilados percibirá menos que con la fórmula previa y que se trata de una medida “temporal” que no puede ser definida como un ajuste. El propio presidente Fernández planteó que quienes sostienen esa “falsa idea” terminan “desinformando” a la población.

El proyecto oficial que modifica jubilaciones del poder judicial generó el contundente rechazo de los camaristas federales de todo el país y de los jueces de la Cámara Nacional del trabajo, que firmaron un comunicado estableciendo que la iniciativa es inconstitucional.

En primer lugar, los camaristas federales aclararon que son “conscientes de la grave situación económica de la Argentina” pero destacaron su “profunda preocupación” por el proyecto. “No hemos sido convocados ni escuchados con antelación, cuestión que lejos de entorpecer las reformas que fueren necesarias, contribuiría a la construcción de ámbitos de consenso y a la búsqueda de soluciones eficaces”, argumentaron.

Y consideraron que el proyecto del Gobierno no es la respuesta adecuada a la crisis del país. En pos de dicho objetivo, convocaron al diálogo y a la búsqueda de espacios comunes para hacer “propuestas que contribuyan a los cambios que resulten necesarios”.

También sostuvieron que esperan tomar una “adecuada intervención, ya que en el marco de un estado democrático de derecho es a través de la participación de la mayor cantidad de involucrados la que garantiza soluciones justas y la vigencia de los valores de paz y solidaridad a los que aspiramos”.

En el mismo sentido se expresaron los jueces de la Cámara de Trabajo, quienes acusaron al Gobierno de llevara adelante un proyecto “inconsulto” y sin “un debate serio”. En este marco, defendieron el actual régimen previsional para el poder judicial y descartaron que sea “de privilegio”.

Asimismo, detallaron que su régimen jubilatorio se basa en “la solidaridad”, porque no tiene tope de aportes con lo que cuatriplican los de los pasivos del régimen general, además de que a los jueces les está vedado hacer cualquier otra actividad.