El Gobierno porteño busca aprobar esta tarde el Proyecto de la Universidad docente de la Ciudad de Buenos Aires (UNICABA), el cual denuncian algunos sectores, pone en peligro la continuidad de 29 profesorados. Hay manifestaciones en las inmediaciones de la Legislatura en rechazo a este proyecto de Ley.

 

 

Este proyecto se aprobaría con 34 votos del oficialismo. Desde una parte de la comunidad educativa denuncian que si bien la iniciativa no dispone la eliminación de los Institutos de Formación Docente de la Ciudad, sí pone en riesgo su subsistencia y continuidad.

 

Hay incidentes a instancias del recinto, donde las agrupaciones que se movilizan acusaron represión por parte de la policía de la ciudad.

«Que el pueblo sepa que son los legisladores de Carrió los que están defendiendo esta ley», sostuvo la legisladora del FIT Myriam Bregman, quien fue empujada en medio de la represión de la fuerza de seguridad.

El legislador porteño del Frente de Izquierda Gabriel Solano no pudo ingresar al recinto y fue empujado por policías en las puertas de la Legislatura. Lo mismo ocurrió con su par del FpV, Paula Penacca.

 

Por un lado, este proecto prevé la creación una nueva universidad de formación docente, UniCABA, que va a coexistir con los ya existentes institutos de formación docente o profesorados, aunque el sector que rechaza esta implementación sostiene que los institutos de formación docente actuales estarán en peligro si esta iniciativa se transformara en ley, y alegan también que de esta manera no se solucionan los problemas de fondo que requieren «mayor inversión».

En los primeros meses del próximo año serán nombrados el rector normalizador y el equipo que integre la coordinación. Una de las mayores críticas de oposición es que justamente las autoridades serán designadas por el Ejecutivo porteño. Las primeras inscripciones arrancarían en el segundo semestre de 2019 y los primeros estudiantes empezarían a cursar en 2020.

En otro orden, se iniciará también un proceso de evaluación de los profesorados. Crearán la primera agencia de evaluación (con participación de los profesorados), la cual tendrá como misión definir los indicadores, estándares y métricas de las pruebas.

 

Los institutos privados quedarán excentos de usar este sistema informático, pero sí deberán implementarlo los 29 de carácter estatal.

 

Respecto de la validación del título, y si bien no se comprende la eliminación de los profesorados preexistentes, el título expendido por la posible nueva universidad alcanzaría el ámbito de la ciudad, mientras que estos últimos tienen una amplitud nacional.

 

Mientras crece la tensión luego del acampe de diversas organizaciones estudiantiles y gremios docentes en repudio a este proyecto, los legisladores en medio de un clima de incidentes y represión, debaten su sanción.

 

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Carolina Bisgarra