Aunque las futuras medidas se mantienen bajo siete llaves, algunos trazos del plan económico de Alberto Fernández, ya están delineados.

El sector industrial ya tomó nota y recibió la buena noticia de que la idea es poner al Frente del futuro Consejo Económico y Social y con amplias facultades, al ex ministro Roberto Lavagna, a quien se está tratando de convencer desde el massismo.

La desdolarización de las tarifas es otra de las grandes prioridades. Lo mismo que la disminución de la pobreza, políticas de género y la reactivación económica del cordón industrial, además del aumento del ingreso, el frente financiero y la relación con las provincias.

Una prueba del perfil industrialista que tiene en mente Alberto F. apareció en la primera semana como presidente electo. En esa oportunidad visitó la fábrica textil en San Martín junto al intendente local, Gabriel Katopodis, uno de los hombres que más suena para ocupar una eventual cartera de Producción o Infraestructura. 

Desdolarizar la economía es uno de los grandes desafíos, teniendo en cuenta que desde la harina a la carne y las tarifas tienen precios internacionales. Con ello, se podría avanzar en una fase de crecimiento y estabilidad. La ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont,  es una de las más fervientes fogoneras de la iniciativa. Es más, cree que el abordaje debe ser parte de la agenda del  pacto social impulsado por el gobierno. Según la ex funcionaria, esta medida requiere de un compromiso muy fuerte de la dirigencia sindical y empresarial en torno a la prioridad de dar sustento al proceso de estabilización y recuperación del crecimiento y el empleo. 

Para alcanzar esos objetivos, según Marcó del Pont, el pacto social debe trascender un simple compromiso de precios y salarios y deben incorporarse otras cuestiones vinculadas con el desempeño productivo, como la productividad y las condiciones para la acumulación productiva.

El objetivo de Fernández sería crear un Consejo Económico y Social de fuerte peso político, cuya dirección podría recaer en Roberto Lavagna, en una decisión que el futuro presidente conversó con Cristina Kirchner.

A cambio, Lavagna exigiría una amplia capacidad de maniobra y gran margen para adoptar decisiones ejecutivas, por lo cual la jugada es de amplio riesgo.

El futuro presidente aspira además a que el Congreso le otorgue amplios poderes para hacer y deshacer en materia de impuestos, gastos, sistema financiero y cambiario, y, en especial, deuda. Entre las medidas en estudio también se analiza cómo reforzar el poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones y planes sociales.

Uno de los caminos de Fernández para dominar Diputados es dividir Juntos por el Cambio y crear un bloque de peronistas amarillos referenciados en Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que podrían llegar a diez. El jueves pasado tuvieron un primer gesto, cuando la dupla activó sus teléfonos para que sus diputados informen su desacuerdo con la elección de Cristian Ritondo como jefe de bloque. Por primera vez, amenazaron con armar su propia bancada, pero quedarse en Juntos Por el Cambio, sirviéndole a la UCR la conducción del interbloque.  

Deberían acelerarse las gestiones para que alcance los dos tercios de los recintos necesarios para nombrar un defensor, cargo vacante hace una década por falta de acuerdos parlamentarios. Esta semana, Monzó y Massa pactaron una reunión para definir si alguna sociedad eventual es posible. 

Sin aliados fijos que garanticen la sanción de leyes express, Massa ya se prepara para negociar con Juntos por el Cambio al menos el primer paquete de leyes y Alberto intenta ayudarlo con guiños permanentes a los radicales que estuvieron incómodos con Macri en los últimos años.

También se les prometió a las provincias la descentralización administrativa y una nueva reorganización de la estructura de impuestos con el objetivo de darle un carácter más federal a la recaudación y distribución de ingresos.

En el frente financiero, Gustavo Béliz y Guillermo Nielsen serían los generales del albertismo para renegociar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores, bajo una eventual conducción central de Matías Kulfas al frente de la cartera económica y Cecilia Todesca y Mercedes Marcó del Pont para cargos clave en organismos financieros estatales.

Otra de las prioridades que marca el presidente electo es la atención a la emergencia social que atraviesan los sectores más empobrecidos. Para atacar la inflación que sufren los que gastan la mayoría de su ingreso en alimentos, propuso, bajo la consigna Argentina contra el hambre, una serie de medidas paliativas, pero también la implementación de la frenada Ley de Góndolas, resistida por los supermercadistas, pero impulsada por las organizaciones de la economía informal, como la Ctep.

Además, desde el área de desarrollo social, una de las pocas carteras que sí tiene nombre asegurado, y que conducirá Daniel Arroyo, elaboraron un diagnóstico de la situación de las 700 mil personas que reciben algún tipo plan social. El objetivo es lograr un traspaso no conflictivo hacia el mercado laboral formal.

Según evaluaron en el equipo que rodea a Arroyo, el universo de los beneficiarios y beneficiarias se puede dividir en tres. Están aquellos de mayor capacidad de inserción laboral en caso de que la economía se reactive. Consideran que los sectores más receptivos de esta mano de obra son la industria textil y la metalmecánica, el comercio y los frigoríficos. También identifican un segundo grupo, caracterizado por la falta de formación y capacitación, y un tercer estamento de mayor vulnerabilidad social. Las políticas públicas que se están delineando desde el equipo de Arroyo son tres. La primera consiste en armar una red de 20 mil tutores, entre lo que se pueden contar al cura o pastor del barrio o la maestra, con el objetivo de “generar el vínculo entre escuela y trabajo, entre planes sociales y trabajo”, señalaron.

La segunda propuesta supone la convivencia entre el plan social y el trabajo en blanco, que podría llegar a extenderse hasta 24 meses. A la vez se contempla una quita progresiva del beneficio. La tercera iniciativa consiste en generar un gran sistema de créditos no bancarios “con una tasa muy baja, del 2 o 3% anual” destinado a la compra de herramientas y máquinas. Con la mira puesta en la economía informal, que genera su propio trabajo, esta pata del plan apunta a changarines, artesanos, pequeños emprendedores y hasta empresas recuperadas. “Los créditos tienen una doble lógica: capitalizar, pero también desendeudar, porque muchos tomaron deuda al 200% anual en la financiera de la esquina”. “Todas las dimensiones del plan forman un sistema que tiene el objetivo de vincular a las personas que tienen planes sociales con el trabajo asociado al mercado interno”, adelantaron desde el área de trabajo de desarrollo social del Frente de Todos.

Otro de los pilares en el rediseño del Gabinete, se incluye el ya anunciado Ministerio de la Vivienda que encabezará la santafesina María Eugenia Bielsa. La industria de la construcción, motorizada desde el Estado, estará vinculada de manera directa con las organizaciones de la economía social que podrían aportar conocimiento y mano de obra desde sus cooperativas a un plan de viviendas populares.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.   

LF