Claudio Lozano, director del Banco Nación, fue quien investigó la ruta del dinero de Vicentín. Aclaró que "aún no conocemos la letra del proyecto de ley que enviará el Poder Ejecutivo Nacional para expropiarla".

Explicó que "se pone en marcha una intervención por 60 días, comandada por Gabriel Delgado. Es un experto en el sector agropecuario, procedente de las filas del INTA. Vicentín, luego de haber hecho uso irregular y abusivo del crédito público, termina estafando a la banca pública, a los productores, acopiadores y a los trabajadores". Es una maniobra fraudulenta

El exdiputado señaló que "desde diciembre, en el marco del concurso de acreedores, lo que hay es una situación de parálisis de la empresa. Va perdiendo posición en el mercado, el concurso se demora. Y en ese proceso toman cada vez mayor peso para controlar la firma actores del mercado de granos como Glencore, Dreyfus o Cargill. Lo cual implica un riesgo de mayor extranjerización del sector".

El economista de la CTA señaló que por eso "se plantea la intervención y se constituye un fideicomiso para incorporar a todos los activos del grupo. Probablemente tenga que demostrar delitos vinculados a la subdeclaración de exportaciones y comercio exterior en negro. De manera tal que el proceso de expropiación le salga a la sociedad argentina lo más económico posible. Y que los dueños de Vicentín tengan que poner su patrimonio para hacerse cargo de lo que hicieron".

La deuda

Señaló Claudio Lozano que Vicentín tiene una deuda de 1300 millones de dólares, de los cuales cerca de 400 son con la banca pública y el Macro, y unos 500 millones están en manos de bancos extranjeros".

Sobre cómo se llegó a ese punto, explicó que "Vicentín tuvo una expansión monumental, amparada en tomar créditos a troche y moche y procesos en muchos casos fraudulentos, que han implicado derivar buena parte de los dólares obtenidos por sus operaciones de exportación a cuentas en el exterior. Es un claro caso del comercio de granos en negro a través de sus subsidiarias en Paraguay, un claro caso de subdeclaración de exportaciones y tiene también empresas off-shore en Panamá. La empresa en Paraguay tenía 6 personas empleadas, no tenía planta productiva, y era sin embargo la segunda exportadora de soja de Paraguay. Los barcos bajaban vacíos desde Paraguay, se llenaban en el puerto de San Lorenzo y se declaraban 250 millones de dólares en Paraguay. Son dólares argentinos, negros, declarados en Paraguay. Implicaban menor pago de impuestos y retenciones, y menos divisas".

Lozano señaló que "la intervención deberá controlar todo eso para reducir el costo de la expropiación. Va a ser controlada por YPF Agro que se dedica a la producción de insumos y productos para el sector agropecuario y el gerenciamiento por parte de técnicos del INTA va a tener un papel fundamental".

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Producción: Ezequiel Glas