La consultora Economía y Regiones, cuyo economista en jefe es el reconocido Diego Giacomini, abona la tesis de que el gobierno de Alberto Fernández buscará en la renegociación con los bonistas un período de gracia de hasta 4 años en los que quedarán suspendidos los vencimientos. Además, considera que también intentará conseguir una extensión de los plazos así como un recorte de la tasa de interés del 50%.
"El plan del gobierno es una gran quita en términos de valor presente y no pagar nada de deuda durante 2020/2023. De acuerdo con nuestra visión, el gobierno tiene intención de que haya un recorte de los intereses de alrededor del 50%, sin quita de capital y con cuatro años de gracia", sostiene el último informe de E&R, al que tuvo acceso Urgente24.
No obstante, también considera que se trata de una "propuesta de renegociación muy dura". "Está claro que no es nada fácil que los bonistas acreedores firmen, porque el período de gracia destroza el valor presente del contrato", agrega.
En ese marco, E&R se pregunta sobre la viabilidad de la propuesta y expone 9 factores que podrían atentar contra el éxito de la renegociación que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán:
1. "un período de gracia de 4 años deja a los bonistas sin cobrar un centavo durante todo su mandato, lo cual puede reducir el atractivo de la propuesta en forma importante".
2. "un período de gracia puede leerse como falta de compromiso para hacer un esfuerzo fiscal, lo cual también puede atentar contra el éxito de la re estructuración".
3. "si al período de gracia se le suma una reducción de tasa y una extensión de plazos considerable, la destrucción del valor económico del contrato también es otro desincentivo para sentarse a negociar y “entrar” en la re estructuración".
4. "dado el período de gracia, la baja de tasa y la extensión de plazos que destruyen el valor económico del contrato, cabe preguntarse: ¿El acreedor no tendrá incentivos a no“entrar”, litigar y sentarse a esperar? Muy probablemente haya un porcentaje importante que estén pensando en esta opción".
5. "se va a la renegociación de la deuda sin Presupuesto; o sea, sin un plan de ingresos, gastos y resultado fiscal del Estado Nacional. Los acreedores se sientan a negociar desconociendo la capacidad de repago del deudor; ergo, no se conoce la sustentabilidad de la deuda que se pretende renegociar. Claramente, todo un incentivo para no entrar en la negociación".
6. "si se pretende un período de gracia de cuatro (dos. N de la R: E&R estima que se podría reducir a ese plazo) años, el gobierno nacional debe presentar un presupuesto plurianual de cuatro (dos) años. En dicho presupuesto plurianual debe mostrar año por año la “construcción” del superávit primario necesario para pagar la deuda una vez terminada la gracia. Sin presupuesto plurianual no hay certeza de capacidad de repago; todo un incentivo para que los acreedores no entren masivamente al canje".
7. "si el gobierno se sienta a la mesa de negociación sin presupuesto y sin superávit primario que muestren capacidad de repago, más allá de toda diatriba políticas, la Argentina no está mostrando voluntad de pago".
8. "a mayor período de gracia, más capitalización de intereses, por ende mayor crecimiento del capital adeudado. Ergo, se necesita más superávit primario para que la deuda sea sustentable en términos dinámicos. Otro ingrediente que atenta contra el éxito de la re estructuración.
9. "los bonistas se sientan a la mesa de renegociación sin saber qué pasará con la deuda con el FMI. Es decir, los bonistas se sientan a negociar inmersos en un marco de fuerte incertidumbre. Otra variable que no juega a “favor” de una masiva aceptación de la propuesta".
Para E&R, no se trata esta de una "estrategia de deuda adecuada" para lograr un acuerdo con los bonistas. Sin embargo, tampoco cree que se trate de "desconocimiento", sino de una "estrategia".
"En palabras sencillas se podría decir que el escenario probable sería el siguiente: “se firma lo que el gobierno quiere firmar y hay período de gracia, o no se firma nada”", sostiene el informe. .
"E&R consideramos probable que el gobierno nacional declare el default a los bonistas internacionales. En este escenario, el gobierno nacional obviamente le echará la culpa a los mercados, bonistas, fondos buitres, etc", arriesga.
Sobre las consecuencias de un potencial default, la consultora sostiene: "un potencial default haría que el dólar paralelo volara, la brecha cambiaria se ensanchara y el dólar oficial acelerara su paulatina suba. Paralelamente, implicaría una fuerte suba de la tasa de interés, un fuerte incremento dela inflación, cierre de empresas, caída mucho más fuerte del nivel de actividad, aumento del desempleo, caída de los salarios reales y aumento de la pobreza e indigencia. Las empresas y familias no podrán financiarse en el exterior y los precios de los activos argentinos caerán".
