El ajuste de jubilaciones a que apunta la Casa Rosada para achatar la pirámide salarial, tiene sus razones. Puede representar hasta el 1,1% del PBI en 2020.

Es muchísimo dinero que se ahorra el Estado, pero a costa de que un amplio un sector, unos dos millones ochocientas mil jubilados quedarán rezagados y verán licuarse sus haberes a través de sumas fijas que nada tienen que ver con la realidad inflacionaria.

A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno activó una bomba de tiempo al congelar por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las arcas del Estado y también de los beneficiarios que cobran la mínima. Según voceros del Gobierno, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero manifestó en una reciente reunión de gabinete económico que el Poder Ejecutivo otorgará un aumento por decreto con suma fija para todos los jubilados durante el mes de marzo aunque todavía no está definido el monto.

Frente a ese escenario, abogados previsionales pertenecientes a estudios de primera linea, coinciden en que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una avalancha de juicios, algo similar a un nuevo caso Badaro.

Conviene recordar que el jubilado Adolfo Badaro obtuvo sentencia en 2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de un ex conductor de buques que percibía más de $1000 de jubilación cuando estalló la convertibilidad. Desde ese momento y hasta diciembre de 2006, recibió un sólo aumento de 11%, contra una inflación del 91,2%, y una suba de los salarios de los trabajadores activos del 88,6%, según las estadísticas oficiales.

“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, sostuvo Andrea Falcone, abogada previsional del Estudio Jubilarnos.com. Eso quiere decir que todos aquellos que no cobren lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio.

Otros especialistas opinan que sería distinto si el Gobierno modificara la ley y cambiara la forma de calcular la movilidad en un sentido solidario pero a partir de julio y no ahora. “Todo aquel jubilado que no cobre lo que está estipulado hoy para marzo y junio, que totaliza un aumento del 28%, va a hacer juicio. Sobre todo teniendo en cuenta que los jubilados con mayores haberes tienen abogados y van a reclamar. “Sin dudas que esto puede generar nuevos casos como el de Badaro aunque en esta oportunidad se trata de jubilados que cobran más haberes”, se señaló.

Adrián Tróccoli, del Estudio homónimo, detalló que en situaciones de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos. No obstante aclaró que no se puede hacerlo de forma indefinida y  confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Te pueden reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.

Según Tróccoli, en junio la reducción del aumento va a ser confiscatoria. Asimismo, indicó que para que haya un juicio, tiene que haber un daño resarcible. “Si le sacas un 1% a un jubilado por un tiempo no pasa nada. Si le quitan 10% hasta junio y en septiembre se lo retribuyen, tampoco pasa nada. El problema es que parece que van a achatar la pirámide, pero no por unos día sino sostenido en el tiempo”, describió.

Según el abogado previsionalista, el problema grave no es que le den un aumento insuficiente por 6 meses a los jubilados sino que al mes 7 no se lo recuperen. “Si esto se consolida y el daño se mantiene a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas va a haber muchos juicios”, aclaró. 

El criterio de «suma fija» basado en beneficiar a los que menos ganan, y a la vez intentando reactivar el consumo, va a formar la matriz de comportamiento de la táctica de «frenar la pelota» frente a la inflación con el complemento de frases como la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al afirmar: «se nota que la gente tiene un manguito más en el bolsillo» acorde, a su vez, con el «ya se notan los brotes verdes» de los funcionarios del gobierno anterior sobre los finales del primer año de gestión.

En relación a esta movida oficial, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, confirmó que presentará una demanda en la Justicia contra la suspensión de la movilidad jubilatoria apenas concluya la feria. Los tribunales vuelven a atender desde el tres de febrero.

Semino agregó que por el cambio de la fórmula que aplicó el macrismo, los jubilados y pensionados perdieron 25 puntos porcentuales de sus ingresos. «Pero justo cuando comenzarían a recuperar algo de esa pérdida por el impacto de la inflación pasada en el cálculo de la movilidad, esta se suspende», observó.

En ese cuadro, «la solución a la que ha apelado el gobierno no es la mejor ya que va a pagar costos políticos prematuramente y, además, genera un estado de litigiosidad. El gobierno debería explicar con claridad la situación e ir a una solución de otras características», concluyó.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), comúnmente conocido como “la plata de los jubilados”, perdió el 70% de su valor medido en dólares entre 2016 y 2019, según un documento oficial. El paper, elaborado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), asegura que la nueva conducción  que asumió el pasado 10 de diciembre y encabeza el economista Alejandro Vanoli, “hereda un sistema previsional comprometido”. Esa es la realidad de las cuentas del Estado, lo que no es justo, es que siempre paguen los jubilados los platos rotos de la política.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, ir al sitio: Jorge Joury De Tapas.   

LF