De cara a su desembarco en el sillón de Dardo Rocha, una situación casi inédita perturba el sueño de Axel Kicillof.
Tiene que ver con el desafío inminente de tener que ponerle el pecho a un fin de año con una rebelión en las 12 cárceles bonaerenses, hoy convertidas en un verdadero polvorín.
La falta de alimentos, medicamentos básicos, el insoportable hacinamiento con la llegada del calor y la lentitud de las causas judiciales, forman por estas horas un cóctel explosivo de consecuencias impredecibles.
Casi 49 mil internos de varios penales dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran en huelga de hambre con una batería de reclamos para el gobernador entrante.
Hay que señalar que fueron pedidos crónicos durante la gestión de la saliente mandataria María Eugenia Vidal pero que terminaron sin respuesta.
Entre ellos hay reclamos de arrestos domiciliarios para procesados o condenados sin sentencia firme y mejores condiciones de alojamiento para terminar con las condiciones inhumanas de habitabilidad.
La intranquilidad viene desde hace semanas, donde se habían pintado banderas para colgar de los pisos superiores de los edificios. Los reclusos las desplegaron en fotos que viralizaron por WhatsApp desde sus celulares clandestinos en los penales de Olmos, Mercedes, Batán, Sierra Chica, Campana y las unidades del complejo de Florencio Varela, entre otras.
“Por nuestros derechos”, fue la frase estampada en un trapo, en letras de colores. En las unidades de mujeres, otras banderas fueron más elocuentes: “Basta de niños en la cárcel”, chicos nacidos dentro de penales, o presos junto a sus madres, reclamaron.
La protesta que empezó a tomar cuerpo, se extendió en la mayoría de unidades de la provincia de Buenos Aires. En el Ministerio de Justicia dicen que los números del final de la gestión de María Eugenia Vidal son más amables de lo que denuncian los organismos de derechos humanos: hay 28 mil plazas para 43 mil internos, sostienen.
Así, la superpoblación sería del 65% y harían falta 15 mil lugares para llegar al equilibrio. En las alcaidías departamentales, que son el modelo que recomienda la ONU porque alojan a un solo interno por celda, la sobrepoblación es del 48%.
Los especialistas en derechos humanos sostienen que en las cárceles bonaerenses se sufre, pero también se muere. El promedio de los últimos 11 años es de 135 decesos por año.
Durante la gestión de Vidal, fue de 147. Hay registro de 156 fallecidos en 2016, 146 en 2017 y 140 en 2018. La enorme mayoría de las muertes se debe a problemas de salud no asistidos.
La segunda causa de muerte son los homicidios y la tercera los suicidios. También hay que decir que más de la mitad de los reclusos no tienen donde dormir.
En los últimos días, voceros del Servicio Penitenciario admitieron que la situación es explosiva y requiere de rápida respuesta, aunque reconocieron que todos los años a esta altura del almanaque "se potencia la lluvia de demandas". Según los informantes, los ejes centrales de los reclamos son:
1.-Libertades o arrestos domiciliarios para los procesados sin condena.
2.-Arrestos domiciliarios para los condenados sin sentencia firme.
3.-Mejores condiciones de alojamiento carcelario.
4.-Mayor celeridad en la tramitación de las causas penales.
La crisis carcelaria en la provincia de Buenos Aires no viene de ahora. Es una de las deudas de todos los gobiernos, pero ninguno a la fecha pudo encontrar una solución definitiva al problema. Así lo demuestra un crudo documento reciente suministrado por Casación.
En el paper se detallan las 11 propuestas que recomendaron los jueces para terminar con el hacinamiento carcelario.
Una de las lecturas políticas del informe pone en evidencia el fracaso programado de la gestión de Vidal y sus ministros de Justicia, Gustavo Ferrari y Seguridad, Cristian Ritondo, durante los cuatro años de gestión de Cambiemos.
Lo atestigua el hecho de que ambos funcionarios faltaron a todas las citas judiciales para abordar la problemática. Vidal no pudo revertir esta situación, pero hay que señalar que nunca estuvo en su agenda de prioridades.
Lo ponen en claro las declaraciones que Ritondo dio en septiembre de 2018. La doctrina de “amontonados y no liberados” del jefe civil de la policía provincial ayudó a aumentar la sobrepoblación en calabozos policiales.
"Prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados”, sostuvo entonces el ex ministro al ser consultado sobre la capacidad de las cárceles y comisarías para alojar presos en un contexto de creciente superpoblación.
Dos meses después de esas declaraciones, que levantaron olas en el ámbito político y judicial, un motín y posterior incendio en la comisaría 3º de Esteban Echeverría causó la mayor tragedia en calabozos policiales de la historia provincial y visibilizó el drama de la manera más cruda.
Es alarmante la situación que atraviesan los y las detenidas por las precarias condiciones de habitabilidad de los presidios. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sobre una base de 28 mil plazas disponibles se encuentran alojados en las cárceles bonaerenses 45 mil internos, según el informe de Casación.
Es decir, existe una sobrepoblación de 17 mil personas en conflicto con la ley y la gobernadora Vidal, en sus cuatro años de mandato, no tuvo en su plan de gobierno la construcción de nuevas cárceles, más allá de algunas mejores parciales en los penales o alcaidías departamentales.
Frente a este escenario, Kicillof, tendrá la oportunidad histórica de encauzar el dramático problema.
Mientras la tensión crece tras las rejas, varios colectivos sociales dedicados a defender los derechos de las personas privadas de su libertad presentaron un amparo por la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria.
La medida cautelar tramita en la justicia platense, que deberá expedirse sobre el servicio alimentario que reciben las y los detenidos.
Mediante un comunicado firmado por las asociaciones Miguel Bru, La Cantora, OTRANS Argentina e H.I.J.O.S. La Plata se dejó planteada la incógnita sobre “cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de Eugenia Vidal”, “no alimenta a la población carcelaria.
Es por su odio de clase, por acuerdos con los proveedores de alimentos, o la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a horas de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos”.
Los colectivos sociales señalaron además que : “Sea como fuere, responsabilizamos a la gobernadora saliente y sus funcionarios de los conflictos que puedan surgir al interior de las cárceles bonaerenses y denunciamos que han incurrido en la figura de abandono de personas”.
Los apremios ilegales también reiteradamente aparecen en el centro de la escena. Año a año, desde 2015 en adelante, se denuncian entre 2.500 y 3.100 hechos de torturas y malos tratos, que incluyen aislamiento, falta de asistencia a la salud, malas condiciones, falta de alimentación, impedimentos de vinculación familiar, agresiones físicas, traslados gravosos, requisas vejatorias y otras.
Este año se detectó y se denunció un hecho que revela hasta qué punto las autoridades están comprometidas en la continuidad de la problemática.
Fue a partir de que el presidente del Comité contra la Tortura y defensor oficial ante Casación, Mario Coriolano, denunciara los malos tratos recibidos por una interna trans, inmigrante, de 36 años, que quedó cuadripléjica producto de distintas situaciones de extrema gravedad.
También surgen otros problemas en el sistema penitenciario que hielan la sangre. Se trata de la aparición de enfermedades como la tuberculosis -299 casos según el último informe de la Comisión Provincial por la Memoria- o el hantavirus, producto de las heces de ratas con un caso en Magdalena en enero de este año, se suma a celdas de dos donde duermen cuatro o más sin colchones sobre frazadas en el piso, con raciones escasas de alimento, a veces una vez por día.
El hacinamiento también lleva a conflictos. A fines de agosto, una celda de la Unidad Nº41 de Campana que debía alojar a seis internos y tenía 14 fue el centro de un episodio de violencia que terminó con un penitenciario con una faca en el cuello y once heridos. Cerca de 13.500 objetos cortopunzantes fueron incautados por el SPB en lo que va del año.
Mientras esto acontece en la Provincia, los presos desde las cárceles federales envían señales de solidaridad por WhatsApp. “Estamos viendo si acompañamos”, manifestó un detenido de largo prontuario en Devoto.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información y analista político. Para consultar su blogs, dirigirse al sitio: Jorge Joury De Tapas.
