En el escenario de crisis que estamos viviendo y el ajuste que ha dispuesto el nuevo gobierno, la política también debe hacer un esfuerzo y dar el ejemplo, poniendo algo de su bolsillo.

Ya hay algunas señales, como la del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, que dispuso, por decreto, congelar su sueldo y el de todos los funcionarios, incluidos los secretarios, directores, coordinadores y delegados de las localidades rurales hasta el 30 de junio del 2020. El jefe comunal de Las Flores, Alberto Gelené junto a su secretario de Economía y Finanzas, también dio a conocer la complicada situación en la que se encuentran las arcas municipales y adelantó que “no cobrará su sueldo”. Eduardo Santín, que fue oficialmente designado como nuevo director del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires ejercerá funciones “ad honorem”, por lo que no percibirá un salario.  

Son pequeñas gotas de agua en un océano, pero al fin un rapto de patriotismo a imitar. Esperemos que haya una epidemia de amor propio, porque el resto de la onerosa plantilla de de altos funcionarios del Estado, incluidos los legisladores, aún ni chistaron. Hay casos patéticos, como el del senador cordobés Carlos Caserio, que quedó en orsai de manera vergonzoza: "La política no hace esfuerzos, dicta normas".

Lo que se está pidiendo son gestos, porque la sociedad está cansada de ver cómo ajustan al sector privado mientras la política siempre mira hacia otro lado. Se manejan como si fuesen una sociedad aparte.

En el actual contexto, conviene recordar el sincericidio del ex gobernador pampeano Carlos Verna en plena campaña electoral y ante el binomio que luego ganó las elecciones presidenciales. Su reflexión podría resultar una confesión de parte condenatoria si la solidaridad no es de todos. "Nosotros los dirigentes siempre caemos parados, siempre tenemos un cargo, el problema son los millones de argentinos que pasan hambre", dijo el 17 de octubre pasado el inefable mandatario. No parecen ser tiempos para juegos dialécticos ni para el oportunismo frívolo.

Por esta tierra arrasada que Tristán Bauer puso en pantalla, camina ahora Alberto Fernández, como si fuera un Quijote, enarbolando un ajuste gigantesco que debe ofrecerle como bandera de negociación al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores privados. Es la llave para poder obtener una postergación en los plazos y quitas razonables en los montos de la deuda heredada. Y, al mismo tiempo, buscando fórmulas microeconómicas que se parezcan, aunque sea de lejos, a la promesa reciente de llenar los bolsillos de los argentinos.

El 2019 se despide dejando a millones de argentinos en la lona. Todos fuimos víctimas de una inflación imparable que aún augura otro capítulo negro para el 2020. Uno de esos sectores, visiblemente castigados fueron los jubilados, los más mansos de la película. Los que no cortan calles, ni tiran piedras. La crisis aguda del sistema público y de reparto, después de cuatro años bajo ataque sistemático del gobierno de Cambiemos, hoy por carácter transitivo desafía a la administración de Alberto Fernández. La herencia no podría ser peor. Los jubilados vienen de perder unos 20 puntos de poder adquisitivo en los últimos dos años. También sufrieron la quita de coberturas y derechos, como los medicamentos gratuitos, y fueron empujados a un endeudamiento masivo con la Anses, a tasas de interés que ahora los asfixian. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se comprimió a menos de la mitad. La relación entre aportantes y jubilados se deterioró por el aumento de la desocupación y la informalidad laboral, al tiempo que se le crearon más obligaciones al sistema con la llamada Ley de Reparación Histórica.

Ahora Alberto Fernández debe desactivar ese escenario explosivo logrando al mismo tiempo que prime el principio de solidaridad en la emergencia, pero para que la solución sea fiscalmente consistente, debe haber equidad con todos. Pero la manta es corta y la nueva administración tiene que despojar a unos para cubrir a otros seguramente más desamparados.

La aplicación de la fórmula debatida a los piedrazos en 2017 y que, por obra y gracia de la estampida inflacionaria macrista del 2019, les garantiza a los jubilados un aumento del orden del 11,4% en marzo y un 15 % para junio, está suspendida. Esta es tal vez la más contundente, injusta y dolorosa de las cuestiones. Siempre los jubilados terminan pagando los platos rotos que dejan los gobiernos de turno. El manual dice que las decisiones impopulares hay que tomarlas en los primeros cien días de gobierno. 

Esta vez, lo que se les retacea a unos va a parar a los bolsillos de los que cobran la mínima convertido en dos bonos por única vez de $5000. Uno llega con Papá Noel y el otro con los Reyes Magos. Son migajas pero es algo, si tenemos en cuenta que la canasta básica de un jubilado hoy se calcula en $37.815. Esto conforme a los datos que en el pasado 6 de octubre dio a conocer la Defensoría de la Tercera Edad, que timonea Eugenio Semino y que se elaboran relevando las demandas de una vida austera pero digna para un adulto mayor.

El resto de los jubilados, unos tres millones,  los que la reman por encima de los 20 mil pesos, tendrán que esperar que la discrecionalidad presidencial los incluya en sus oraciones. No hay certeza alguna acerca de cómo seguirá la evolución de los haberes.

¿Pero por qué vuelven a perder una suma importante los jubilados? ¿Deben ser ellos la variable de ajuste? ¿Es imprescindible que sea de esa forma? ¿No había otras sugerencias para hacer a un costado el colapso fiscal? . Lo que ocurre, es que los fondos de los jubilados, la ANSES, han venido financiando todos los vacíos de recursos en el Estado.

Esta suspensión de actualización de los haberes, solamente calificaría para los haberes jubilatorios, ya que los salarios de funcionarios estatales (gubernamentales, legislativos y judiciales), que, en su mayoría, rondan entre los 100.000 y los 500.000 pesos mensuales, seguirán actualizándose en sintonía con la inflación y la evolución salarial. Una vez más, frente a un ajuste, sectores estatales suelen aparecer como los afortunados de siempre.

Para el senador radical Luis Naidenoff,  "el programa de este gobierno es un ajuste brutal que pagan los jubilados".

Lo que parece quedar en claro para el gran universo de abuelos, es que  en ningún caso, ni por la bendición de un decreto, ni por nueva fórmula de ajuste debidamente debatida en el Parlamento, los ingresos recuperarán, ni ahora, ni a los 180 días de plazo que se pide, el nivel que garantiza el cálculo de indexación que, haciendo un mix de salarios e inflación, permitía cuanto menos permanecer a flote en el mar encrespado de la economía.

Los especialistas coinciden en que la suspensión del sistema de movilidad jubilatoria va a desencadenar una avalancha de juicios contra el Estado. Esto es inexorable porque la ley aprobada en medio de la batalla campal en la Plaza de los dos Congresos ya ha comenzado a generar efectos sobre el primer semestre de 2020.

Teniendo en cuenta que el ajuste de marzo expresa la evolución del tercer trimestre de 2019 y el de junio, el cuarto del mismo año, estos porcentajes pueden considerarse ya un derecho adquirido. En ningún caso lo que se decida para enmendar esta situación debería ser inferior a ese monto, pero no hay que hacerse ilusiones.

Para el titular de la Defensoría de la Tercera Edad asegura que la suspensión de la movilidad por 180 días es una medida absolutamente grave porque rompe el esquema del sistema previsional que se basa en la proporcionalidad y la equidad.

Pero el escenario marca que la plata no está y el sistema está quebrado porque los últimos gobiernos han metido la mano en la caja para financiarse y llenar al ANSES de Leliqs.  Los especialistas lo que ven venir  en el corto plazo es un acelerado achatamiento de la pirámide de ingresos. Lo que pasa a distribuirse no es la riqueza sino el ingreso. En síntesis, se convoca a ser solidarios compartiendo pobreza.

También hay que señalar que según datos de Anses, la mayoría de los jubilados y pensionados tomaron créditos. El organismo otorgó cerca de 4 millones durante la campaña, tras su relanzamiento. Y la imagen general tampoco es la excepción. Según el Banco Central, el 51% de los argentinos está endeudado, la mayoría con la tarjeta de crédito. Para aliviar un poco la situación, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, informó que se "va a bajar la tasa de interés de los créditos que brinda el organismo del 42% (promedio) al 31%". A su vez, confirmó que "durante enero, febrero y marzo no se pagarán las cuotas de dichos microcréditos". "En marzo, todos van a percibir el aumento", dijo y dio por cerrada la discusión.

Un lúcido observador escribió en la web: “El que recibe $200.000 de sueldo en la Casa Rosada le pide a los legisladores que ganan $300.000 que voten una ley para que el que gana $30.000 nada reclame y sea solidario con los que viven de los planes”.

A los legisladores se les había "olvidado", pero para frenar la tormenta, el Presidente tuvo que salir a decir que ampliará las sesiones extraordinarias para derogar las jubilaciones de privilegio. Es una forma de acercar unas gotas de justicia en medio de un mar de broncas. Con siete millones de jubilados chapaleando entre la pobreza y el desconcierto, sostener indemnes y, fuera de todo esquema de pretendida solidaridad a buena parte de la dirigencia que nos trajo hasta aquí, es absolutamente intolerable. Es una puñalada al sentido común y contradice de manera flagrante todos los argumentos que en estas horas bajan desde el poder para alinearnos detrás de un plan que todavía cuesta comprender adónde nos conduce. Lo real, es que oprimir a la clase pasiva siempre resulta indecoroso ante la mirada popular y eso tiene un costo.

*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP y analista político. Para consultar su blogs, ir al sitio: Jorge Joury De Tapas.